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En medio de un conflicto comercial que ha tensado las relaciones entre Ecuador y Colombia, el Gobierno colombiano ha señalado que desde diciembre de 2025 existen limitaciones en el transporte de crudo a través de los oleoductos ecuatorianos, especialmente del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), debido a medidas adoptadas por ambas naciones en los últimos meses.
El origen de la tensión se remonta a finales de enero, cuando Ecuador incrementó drásticamente las tarifas por transportar crudo colombiano a través de su infraestructura petrolera —pasando de aproximadamente USD 3 por barril a cerca de USD 30 por barril, un aumento equivalente a más del 900 %— en respuesta a medidas adoptadas por Colombia, entre ellas la suspensión de exportaciones de energía eléctrica y aranceles del 30 % a productos ecuatorianos.
El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, ha expresado que estas decisiones ecuatorianas han generado “limitaciones” prácticas en el transporte de crudo en los oleoductos que conectan con Ecuador, afectando la circulación regular de petróleo colombiano que antes se movía sin mayores restricciones por esas rutas. Esto ocurre mientras el sector energético enfrenta riesgos adicionales derivados de menores flujos y mayores costos operativos.
La medida tarifaria ecuatoriana ha sido fuertemente rechazada por Bogotá, que considera el incremento “unilateral y desproporcionado”, argumentando que afecta compromisos previos y la viabilidad de la producción petrolera, especialmente de pequeños productores, y que contradice acuerdos binacionales sobre libre tránsito del crudo por esos oleoductos.
Por su parte, Ecuador ha defendido la tarifa como una acción de reciprocidad ante las restricciones impuestas por Colombia en otros sectores, además de subrayar que la infraestructura petrolera ecuatoriana —clave para el tránsito de crudo colombiano hacia puertos de exportación— es un servicio estratégico sobre el cual aplica condiciones basadas en criterios técnicos y legales vigentes.
Este escenario se enmarca en una escalada de tensiones comerciales y energéticas entre las dos naciones, con efectos potenciales en la industria petrolera del sur de Colombia, la logística de exportación de crudo y las relaciones comerciales bilaterales en general, mientras se mantienen llamados al diálogo para evitar un impacto mayor en los mercados energéticos regionales.
