El denominado Caso Jaque continúa escalando en Ecuador. Este 6 de mayo de 2026, seis funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) fueron vinculados al proceso penal por una presunta red de sobornos dentro de la institución.

La audiencia de vinculación se desarrolla en el Complejo Judicial del norte de Quito, donde la Fiscalía presentó nuevos elementos que evidencian el funcionamiento de esta estructura de corrupción.

Según la investigación, la red operaba mediante el cobro de dinero a cambio de agilizar trámites o emitir documentos de forma irregular, especialmente licencias de conducir sin cumplir con los procesos legales establecidos.

Durante la audiencia, el fiscal expuso chats, audios y fotografías extraídas de celulares incautados en operativos realizados en enero de 2026. En estos registros se evidencian pagos de sobornos, así como imágenes de fajos de dinero asociados a oficinas específicas de la ANT.

Además, un informe policial reveló inconsistencias en los registros del sistema, como miles de usuarios que obtuvieron licencias sin haber generado turnos previos. Solo en un mes se identificaron más de 2.800 casos irregulares.

La Fiscalía también señaló que algunos funcionarios anulaban trámites en el sistema para evitar dejar rastros, aunque las licencias ya habían sido emitidas, lo que evidencia un mecanismo estructurado para ocultar las irregularidades.

Este caso tiene como uno de sus principales implicados al exdirector de la ANT, Pedro Abril, quien ya se encuentra procesado dentro de esta causa.

El Caso Jaque es investigado como un presunto delito de delincuencia organizada y se originó tras denuncias que alertaron sobre la existencia de una red que ofrecía servicios ilegales dentro de la entidad estatal.

Las investigaciones continúan y no se descarta la vinculación de más personas, mientras la Fiscalía profundiza en el análisis de evidencias digitales y documentos obtenidos durante los allanamientos.

Este proceso se suma a otros casos de corrupción en instituciones públicas, en un contexto donde el Gobierno mantiene una política de mayor control y combate a redes delictivas dentro del Estado.