Caso Progen: revelan presuntas gestiones para frenar fiscalización en la Asamblea

El caso Progen volvió a ocupar el centro del debate político nacional luego de que una investigación periodística difundiera audios y mensajes que evidenciarían presuntas gestiones para controlar o limitar el alcance de la fiscalización desarrollada en la Asamblea Nacional sobre los contratos de generación eléctrica suscritos durante la crisis energética.

Según la información divulgada, en las grabaciones se escucharían conversaciones relacionadas con la estrategia para manejar comparecencias legislativas y el tratamiento político de las investigaciones sobre los contratos adjudicados a Progen Industries LLC y Austral Technical Management (ATM). Parte de este material habría sido entregado a la Fiscalía para su análisis dentro de las investigaciones en curso.

La fiscalización legislativa sobre estos contratos fue realizada por la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. Tras varios meses de investigación, la comisión aprobó un informe de mayoría en diciembre de 2025, concluyendo que las posibles irregularidades ya estaban siendo investigadas por la Contraloría General del Estado y la Fiscalía, por lo que recomendó remitir toda la documentación recopilada a esos organismos de control.

Sin embargo, sectores de oposición cuestionan que el informe no haya sido debatido en el Pleno de la Asamblea. Además, sostienen que existieron acciones políticas para evitar que el caso alcance una discusión más amplia dentro del Legislativo.

El denominado caso Progen gira en torno a los contratos firmados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) para la instalación de generación termoeléctrica durante la emergencia energética de 2024. Exámenes de la Contraloría detectaron presuntas irregularidades en la contratación, evaluación técnica y ejecución de los proyectos, estableciendo posibles responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal.

Las revelaciones también han generado cuestionamientos sobre la actuación de actores políticos vinculados al proceso de fiscalización y han reactivado pedidos para que se transparenten todos los documentos, chats, audios y elementos recopilados durante la investigación.

Mientras tanto, las investigaciones judiciales continúan y las autoridades competentes deberán determinar la autenticidad, alcance y relevancia legal de los audios y conversaciones difundidos, así como las posibles responsabilidades derivadas de los cuestionados contratos eléctricos.