La audiencia de formulación de cargos dentro del denominado caso Apagón se reinstaló este viernes 15 de mayo en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, donde la Fiscalía General del Estado continúa presentando elementos de convicción contra 21 personas procesadas por presunto peculado relacionado con contratos firmados entre Celec y la empresa estadounidense Progen.

Entre los investigados constan exfuncionarios públicos, exautoridades del sector energético y representantes de la empresa Progen, señalados por supuestas irregularidades en contratos de generación eléctrica de emergencia ejecutados durante la crisis energética de 2024.

La Fiscalía sostiene que los contratos para las plantas termoeléctricas de Salitral y Quevedo habrían provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano de aproximadamente $104,3 millones. Según el fiscal subrogante Leonardo Alarcón, existirían indicios de contratación irregular, documentación presuntamente falsificada y adquisición de equipos que no cumplían con las especificaciones técnicas exigidas en los contratos.

Durante la primera jornada de audiencia, la Fiscalía detalló que algunos motores entregados por Progen presentaban inconsistencias en placas de fabricación y modelos descontinuados desde años anteriores, pese a que el contrato exigía equipos modelo 2024. Además, se indicó que ciertos generadores no habrían estado en condiciones óptimas para operar eficientemente.

Entre los procesados figura el exministro de Energía Antonio Goncalves, el exgerente subrogante de Celec Fabián Calero y el exgerente de Termopichincha Byron Orozco. También son investigados representantes de Progen, incluyendo a Andrew Scott Williamson y Karla Saud Calero.

La audiencia estuvo marcada por pedidos de diferimiento y cuestionamientos de varias defensas, que alegaron supuestas fallas procesales, falta de tiempo para revisar el expediente y problemas relacionados con las notificaciones a la empresa extranjera. Sin embargo, el juez negó los pedidos y permitió que la diligencia continúe.

Además, durante la exposición fiscal se reveló que uno de los técnicos vinculados al proceso habría recibido amenazas de muerte relacionadas con los contratos investigados, en medio de las verificaciones técnicas realizadas a los equipos adquiridos.

El caso Apagón se ha convertido en uno de los procesos judiciales más relevantes del país debido a la magnitud del presunto perjuicio económico y al impacto que tuvo la crisis eléctrica en Ecuador durante 2024, cuando el país enfrentó apagones de hasta 14 horas diarias.