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La figura de zona de seguridad volvió a debate público tras la operación de la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, un penal destinado para internos catalogados como de alta peligrosidad.
Para reforzar su control, el Gobierno estableció una delimitación aproximada de dos kilómetros a la redonda en los que está prohibido poblar, construir y realizar vuelos de drones, helicópteros o avionetas.
De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, este tipo de zonas son espacios estratégicos sujetos a regulación especial para prevenir afectaciones o amenazas a la seguridad nacional.
El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) aprobó esta delimitación para “blindar” la infraestructura que alberga a los reclusos más peligrosos del país.
El perímetro cuenta con monitoreo permanente, anillos de seguridad y presencia constante de la fuerza pública. Además, la prisión no dispone de señal de internet, lo que complica la comunicación desde el interior.
Dudas sobre transparencia y condiciones internas
La medida, sin embargo, ha despertado inquietudes ciudadanas. Entre las principales preocupaciones está el desconocimiento del estado real del penal y la imposibilidad de verificar sus condiciones debido a las restricciones.
Para el experto en seguridad Freddy Viera, la decisión puede ser “acertada”, pues permitiría impedir que los reclusos sigan operando desde la cárcel y evitaría que la violencia salpique a los barrios cercanos, como ocurre en centros penitenciarios ubicados dentro de zonas urbanas.
“Se aísla un centro y se aísla a reclusos peligrosos”, señaló. No obstante, remarcó que aún es temprano para medir resultados concretos.
Viera también advirtió posibles impactos ambientales por la operación de una megacárcel y el aumento de la incertidumbre en comunidades que no estaban expuestas a la inseguridad.
Análisis político y estructural
El catedrático Daniel Pontón consideró que la medida también podría estar relacionada con un intento de “ocultar” deficiencias en infraestructura, protocolos de seguridad y condiciones básicas que deberían ser evaluadas con mayor transparencia.
Pontón enfatizó que, pese a las dudas, la creación de este tipo de zonas marca un precedente en el país, pues rompe con el modelo de cárceles inmersas en contextos urbanos altamente vulnerables.
“Justamente una zona que necesita un estatus distinto, una zona donde la excepcionalidad será la norma. Eso permite un mejor control”, afirmó.
