Una denuncia por usurpación y simulación de funciones públicas y por usurpación y retención ilegal del mando es lo que colocó en la Fiscalía, la mañana de este miércoles, 8 de enero, el candidato presidencial del movimiento Unidad Popular, lista 2, Jorge Escala, contra la vicepresidenta de la República encargada, Cynthia Gellibert, y el presidente-candidato Daniel Noboa.

Según el denunciante, Noboa dictó los decretos ejecutivos número 494 y 500, declarando en el primero la ausencia temporal de la vicepresidenta Verónica Abad, competencia que —asegura— solo la tiene la Asamblea Nacional, por lo que habría cometido el delito de usurpación y simulación de funciones públicas; mientras que la licencia de tres días que él mismo se otorga, mediante el Decreto 500, debe ser concedida por el Legislativo.

“Estamos pidiendo que de manera inmediata la Fiscalía inicie el trámite correspondiente con el propósito de impedir que se cometa este abuso, esta arbitrariedad. Desde aquí le decimos a Daniel Noboa que estamos en un Estado constitucional de derecho, que el Ecuador no es su bananera, que el Ecuador no es su hacienda y aquí se tiene que respetar la Constitución y la ley, y para eso está la Fiscalía General del Estado”, anotó el presidenciable.

Como parte de la denuncia planteada se solicitó a la Fiscalía para que oficie a la Policía Judicial que acuda este jueves, 9 de enero, a la Presidencia de la República para evitar que se haga efectivo este acto de vulneración a la Constitución y a la ley; y, en caso de que Cynthia Gellibert “usurpe las funciones de presidenta de la República”, sea detenida en flagrancia de manera inmediata.

Además, Geovanny Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, anunció que junto con esta denuncia de tipo penal en la Fiscalía se estaría concretando en las siguientes horas la presentación de una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por dos infracciones graves que habría cometido Noboa.

“Vamos a presentar una denuncia precisamente por no haber solicitado su licencia desde el 5 de enero y porque ha utilizado ya efectivamente su condición de servidor público para hacer actos proselitistas. Adicionalmente, vamos a ir a la Contraloría General del Estado a exigir un examen especial y que se investigue el uso de fondos públicos, lo que además de ser una infracción electoral, de ser antidemocrático y abusivo, es un delito de peculado”, anotó Atarihuana.