Ratificar o no el archivo del recurso presentado en contra de la inscripción de la candidatura a asambleísta nacional de Patricio Carrillo, del movimiento Construye, lista 25, pasó a manos del juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Richard González Dávila, porque quien llevaba la causa n.º 186-2023, Guillermo Ortega, se fue de vacaciones.
El pleno del TCE, el pasado 30 de junio, archivó la causa porque la accionante, Marcela Aguiñaga, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), no cumplió con todos los requisitos necesarios al no acreditar en su momento la calidad en que comparecía.
Aguiñaga apeló al archivo y completó la información, se designó al juez Ángel Torres para que emita una sentencia sobre el pedido presentado por la dirigente de RC, y el 7 de julio, el pleno del TCE votó a favor de revocar el auto de archivo.
Según la denuncia presentada por Aguiñaga, el aspirante a legislador Patricio Carrillo no puede ser candidato a asambleísta en las próximas elecciones, porque en febrero de 2023 la Asamblea Nacional, tras un juicio político, lo censuró por incumplir sus funciones cuando se desempeñó como ministro del Interior, y con ello, quedó impedido de ejercer cargos públicos por dos años.
El precandidato manifestó que el afán de impedir su candidatura responde al hecho de que está enfrentando a la “mafia que se robó 950 millones de dólares en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional” y que desde el día en que se presentó la denuncia han recibido las persecuciones.
Dijo que ese grupo no lo dejó terminar su función como comandante general de la Policía Nacional, a pesar de que “salvaron” la democracia en octubre de 2019, y el gobierno del expresidente Lenín Moreno, antes de terminar sus funciones, lo cesó por “presión de esas organizaciones criminales”. Luego, añadió, no lo dejaron ejercer sino cinco meses como ministro de Estado.
Carrillo afirmó que su situación política es similar a la de muchos de los candidatos de la misma organización política que hoy lo impugnan. “Ahí tenemos a un exsecretario de inteligencia que tiene una sentencia penal, a exministros de Justicia que están relacionados con el caso de los helicópteros Dhruv, ahí tenemos varios funcionarios de candidatos que ya han recibido sentencias y que no podrían ser candidatos, pero ahí no hay impugnación”, expresó.
El exministro indicó que la única objeción e impugnación que se presentó fue a Patricio Carrillo como candidato a asambleísta nacional, pero reiteró que no tiene ningún impedimento. Por el contrario, “estoy habilitado constitucionalmente para ser candidato y el Tribunal Contencioso Electoral lo ratificó en primera instancia, sobre la base de las formalidades”, agregó.
El aspirante a la Asamblea Nacional dijo que confía en que el TCE actúe enmarcado dentro de la ley, aunque anticipó que probablemente ese mismo sector político pretenda impedir que tome posesión del cargo en el Parlamento. Pero “existe jurisprudencia creada por ellos mismos, porque en el caso de dos exasambleístas que fueron cesados cuando fueron vocales del Consejo de Participación Ciudadana: Victoria Desintonio y Walter Gómez, sí pudieron hacerlo y nosotros usaremos la misma herramienta legal que ellos usaron en su momento”, afirmó.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) espera el pronunciamiento del TCE respecto a la impugnación a la candidatura nacional de Patricio Carrillo, para cerrar el proceso de inscripciones de esa dignidad y con ello, autorizar al Instituto Geográfico Militar la impresión de las papeletas electorales. El plazo para la calificación de todas las candidaturas vence el 8 de agosto.
