Varios asambleístas ecuatorianos expresaron su rechazo a la decisión de la Contraloría General del Estado de restringir el acceso a las declaraciones patrimoniales juramentadas de los funcionarios públicos, una medida que ha generado fuerte polémica en el ámbito político.

Los legisladores anunciaron acciones como pedidos de información, comparecencias y posibles demandas de inconstitucionalidad, al considerar que la disposición vulnera el derecho ciudadano al acceso a la información pública y debilita la transparencia estatal.

Desde la oposición, se advirtió que la decisión del contralor Mauricio Torres Maldonado podría representar una extralimitación de funciones, ya que la información patrimonial de los funcionarios es considerada de interés público y clave para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito.

La legisladora Paola Cabezas señaló que estas declaraciones deben mantenerse públicas para garantizar el control social, mientras que otros asambleístas insistieron en que no existe normativa que permita restringir su acceso mediante requisitos adicionales.

Entre las críticas también se menciona que la medida afecta directamente la capacidad de periodistas y ciudadanos de fiscalizar a quienes ejercen funciones públicas, debilitando uno de los pilares fundamentales de la democracia: la rendición de cuentas.

Actualmente, el nuevo sistema exige que los usuarios ingresen datos personales como número de cédula, correo electrónico y validaciones de identidad para consultar esta información, lo que antes se podía hacer de manera libre.

Además, expertos han advertido que el contenido de las declaraciones también se ha reducido, eliminando detalles sobre bienes y patrimonio, lo que limita aún más el acceso a información completa.

Por su parte, legisladores del oficialismo evitaron pronunciarse de forma contundente sobre la medida, mientras que desde la Asamblea se plantea convocar a la máxima autoridad de la Contraloría para que explique las razones detrás de esta decisión.

El debate se da en un contexto político sensible, donde el acceso a información pública resulta clave para la vigilancia ciudadana, especialmente de cara a próximos procesos electorales en el país.