Asamblea solicita 10 días más para concluir fiscalización a alcaldes y prefectos
La Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización de la Asamblea Nacional solicitó al Pleno una ampliación de 10 días para concluir la fiscalización relacionada con los presuntos incrementos injustificados de patrimonio de alcaldes y prefectos del país.
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El pedido será conocido durante la sesión número 125 del Pleno de la Asamblea, convocada para este martes 22 de septiembre de 2026. La comisión plantea que los 10 días adicionales comiencen a contabilizarse una vez concluido el plazo original de 90 días, con lo que espera presentar el informe hasta el 15 de octubre.
La solicitud responde principalmente a los pedidos de prórroga realizados por la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, instituciones que deben entregar documentación contable y técnica requerida por la comisión para analizar la información patrimonial de las autoridades investigadas.
Fiscalización comprende a 245 autoridades
El proceso de fiscalización fue aprobado por el Pleno de la Asamblea el 23 de junio de 2026, cuando se encargó a la Comisión de Gobiernos Autónomos revisar los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de autoridades seccionales.
La investigación comprende a 245 autoridades de elección popular, entre ellas 221 alcaldes y alcaldesas y 24 prefectos y prefectas de todo el país.
El trabajo contempla el análisis contable y el contraste de información patrimonial y financiera correspondiente a las autoridades incluidas en el proceso.
Comisión inició clasificación de expedientes
El presidente de la comisión, Cristian Benavides, explicó que la información solicitada a las instituciones públicas es necesaria para continuar con el análisis de los casos.
Según señaló, la mesa legislativa ya inició una “semaforización” de los expedientes, mecanismo destinado a identificar diferencias, inconsistencias y niveles de alerta en la documentación revisada.
La comisión sostiene que disponer de información completa permitirá avanzar con un análisis técnico de los expedientes y garantizar el debido proceso antes de presentar las conclusiones ante el Pleno.
Solicitud de información generó retrasos
El proceso también ha enfrentado retrasos debido a que varias instituciones públicas solicitaron más tiempo para recopilar y consolidar la documentación requerida.
A esto se sumó un cambio en la conducción de la comisión. La entonces presidenta, Lucía Pozo, renunció a su cargo de asambleísta para postularse como candidata a la Prefectura del Carchi, situación que, según la comisión, generó un retraso en el desarrollo de la fiscalización.
La mesa legislativa señaló que el volumen de expedientes correspondientes a las 245 autoridades también representa una carga operativa para las instituciones encargadas de entregar la información.
Con la ampliación solicitada, la comisión busca contar con tiempo adicional para completar la revisión de los documentos y presentar al Pleno un informe sustentado sobre los casos analizados.
El pedido de prórroga todavía no está aprobado y deberá ser tratado por la Asamblea Nacional en su próxima sesión.
Fuente: El Universo.
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