Esta tarde llegó a la Asamblea Nacional el dictamen del juez de garantías constitucionales Édgar Romero, quien dio paso a la acción de protección que puso la asambleísta de ADN, Inés Alarcón en la que dispuso reactivar los juicios políticos contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso.
Se trata de las solicitudes de juicio político contra Sebastián Corral, ex secretario de la Administración Pública; Andrea Montalvo, ex secretaria de la Senescyt y Pablo Arosemena, ex ministro de Economía, que fueron archivados por la Comisión de Fiscalización luego de que se retiraran las firmas de apoyo.
El juez Romero, en el fallo, aceptó la acción constitucional de protección de Alarcón, y declaró la vulneración a los derechos al debido proceso en la garantía del derecho a la defensa y a la seguridad jurídica.
Además detalló que hubo violación de derechos constitucionales por parte de la Comisión de Fiscalización contra los proponentes de estos procesos de interpelación ya que pidieron que se les permita presentar nuevas firmas de adhesión en reemplazo de las retiradas, lo no que no fue aceptado.
“La Comisión de Fiscalización tenía la obligación de atender la adhesión también sobreviniente de firmas de respaldo, con la misma óptica, esto es sino hay norma para adherir, tampoco hay norma para retirar tales firmas a fin de que se garantice una igualdad de condiciones o de armas como se denomina en lo litigioso”, concluyó el juez.
