Asamblea ha aprobado 12 leyes de seguridad durante el gobierno de Daniel Noboa

Desde el inicio del gobierno de Daniel Noboa, en noviembre de 2023, el Ejecutivo ha impulsado una serie de reformas y nuevas leyes orientadas a enfrentar la violencia y el avance del crimen organizado en Ecuador. Según un recuento citado por Ecuavisa, durante este periodo se han aprobado 12 normas relacionadas con seguridad.

Entre las medidas más recientes se encuentra la Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, aprobada para establecer un marco legal que permita el apoyo militar cuando la capacidad operativa de la Policía haya sido superada de manera objetiva y motivada.

La normativa establece límites, procedimientos y responsabilidades para este respaldo. Su objetivo es fortalecer la respuesta estatal frente al crimen organizado y situaciones graves de conmoción interna en el sistema penitenciario, sin necesidad de recurrir necesariamente a un estado de excepción.

Otra iniciativa actualmente en trámite es la denominada Ley Antimafias, que busca fortalecer las herramientas jurídicas e institucionales para prevenir, investigar y sancionar a las organizaciones criminales, además de afectar sus recursos, infraestructura y logística.

Entre las otras normas aprobadas durante este periodo constan leyes relacionadas con la cooperación con la Corte Penal Internacional, reparación a familiares de víctimas de muertes violentas por razones de género, prevención y combate del lavado de activos, control del espacio aéreo, formación policial y regulación de armas, municiones y explosivos.

También se aprobaron la Ley Orgánica de Inteligencia, la normativa para el fortalecimiento de las áreas protegidas y otras reformas vinculadas con seguridad y defensa. En contraste, algunas normas impulsadas por el Ejecutivo, como la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública, fueron declaradas inconstitucionales.

Expertos cuestionan el enfoque legislativo

El analista y catedrático en seguridad Mario Carrillo considera importante endurecer las penas, pero advierte sobre el riesgo de caer en populismo penal, entendido como la aprobación de sanciones más severas sin acompañarlas de políticas públicas integrales. A su criterio, también se requiere inversión social, prevención y una reforma profunda del sistema judicial.

Por su parte, el analista de seguridad Jean Paul Pinto cuestionó la cantidad de normas aprobadas y sostuvo que el problema no radica únicamente en la falta de leyes, sino en la aplicación efectiva de las existentes. También consideró necesario avanzar en mecanismos como la extinción de dominio y fortalecer la cooperación en materia de extradición.

Pinto planteó además la necesidad de cambiar el enfoque de seguridad hacia una estrategia que combine acciones policiales y militares con inversión social, oportunidades económicas, becas, emprendimientos y recuperación de espacios públicos.

El debate también alcanza al sistema de justicia. Carrillo señaló que, sin fiscales y jueces que puedan procesar y sentenciar a quienes cometen delitos, las nuevas herramientas legales tendrán un impacto limitado. Además, advirtió sobre las amenazas y presiones que enfrentan operadores de justicia.

Según un informe del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos Llamas, desde el gobierno de Guillermo Lasso y hasta la administración de Noboa se han aprobado 20 leyes relacionadas con seguridad y defensa; de ellas, 12 corresponden al actual Gobierno y ocho al anterior.

El análisis deja abierto el debate sobre la efectividad de estas reformas. Mientras el Gobierno y la Asamblea sostienen que son necesarias para enfrentar a las organizaciones criminales, especialistas consideran que el endurecimiento normativo debe ir acompañado de políticas de prevención, fortalecimiento judicial y acciones sociales.