Asamblea analiza informe sobre patrimonios de alcaldes y prefectos: 95 expedientes tienen alertas roja y naranja
La Asamblea Nacional tiene previsto conocer y resolver este martes 27 de octubre de 2026 el informe de fiscalización sobre presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del país.
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El documento fue elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos y contempla la revisión de 251 expedientes individuales correspondientes a autoridades seccionales que ejercieron funciones durante el periodo 2023-2027, incluidos titulares, subrogantes y reemplazos temporales.
De acuerdo con el informe publicado por El Universo, 95 expedientes fueron clasificados en los niveles de alerta roja y naranja, categorías que requieren atención prioritaria y nuevas verificaciones por parte de las instituciones competentes.
41 expedientes están bajo alerta roja
La categoría roja reúne 41 expedientes, equivalentes al 16,33 % del total analizado. En estos casos, la comisión identificó variaciones patrimoniales u otros elementos que, a su criterio, ameritan una revisión más profunda.
El informe contempla situaciones relacionadas con auditorías, posibles indicios de responsabilidad penal, investigaciones fiscales o judiciales y asuntos tributarios que requieren comprobación.
Para estos expedientes, la comisión recomienda remitir los antecedentes a la Fiscalía General del Estado, con el propósito de que determine si existen elementos suficientes para iniciar o impulsar investigaciones.
También plantea que la Contraloría General del Estado realice auditorías y verificaciones, mientras que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) examine posibles movimientos de dinero inusuales y otros elementos financieros relevantes.
Otros 54 expedientes tienen alerta naranja
La categoría naranja comprende 54 expedientes, que representan el 21,51 % del total revisado. En este grupo se encuentran casos que requieren comprobaciones adicionales sobre la evolución patrimonial, declaraciones tributarias, auditorías o denuncias documentadas.
El informe propone que la Fiscalía evalúe los antecedentes y que el Servicio de Rentas Internas (SRI) revise posibles diferencias entre ingresos declarados, patrimonio y consumos.
Asimismo, recomienda profundizar los controles de la Contraloría y solicitar a la UAFE el análisis de información financiera cuando corresponda.
La clasificación busca establecer qué expedientes necesitan verificaciones adicionales; no representa una declaración de culpabilidad ni confirma, por sí misma, que exista un incremento patrimonial ilegal.
¿Cómo se revisaron los patrimonios?
La comisión aplicó una metodología de cruce de información procedente de cinco fuentes principales: las declaraciones patrimoniales y los exámenes de auditoría de la Contraloría, las investigaciones de la Fiscalía, los procesos registrados en el Consejo de la Judicatura y la información tributaria del SRI.
El análisis también incorporó denuncias ciudadanas acompañadas de documentación.
En total, el universo fiscalizado comprende 245 dignidades de elección popular, pero el número de expedientes individuales asciende a 251 porque se incluyeron autoridades que ocuparon temporalmente los cargos como reemplazos o subrogantes.
Para organizar los resultados, la comisión utilizó un sistema de alertas que diferencia los expedientes según el nivel de revisión que requieren.
90 expedientes tienen alerta verde y 66 no registran alertas
El informe también clasifica 90 expedientes en alerta verde, equivalentes al 35,86 % del total. Esta categoría comprende situaciones que requieren seguimiento preventivo o aclaraciones mediante controles ordinarios.
Para estos casos, la comisión recomienda que la Contraloría programe revisiones dentro de su planificación habitual y que las autoridades puedan presentar documentación para aclarar posibles inconsistencias.
Otros 66 expedientes, que representan el 26,29 %, constan en la categoría sin alerta o por verificar. En este grupo se incluyen registros sin desviaciones detectadas y casos en los que podrían existir errores en formularios o información pendiente de comprobación.
El documento plantea que se revisen los registros originales y que, cuando se confirme que la información es consistente, se proceda conforme a las recomendaciones de archivo correspondientes.
Denuncias y recomendaciones a los organismos de control
Durante el proceso de fiscalización, la comisión habilitó un canal para recibir denuncias ciudadanas respaldadas por documentos. Según un informe previo de la comisión publicado por El Universo, se recibieron 137 denuncias, de las cuales 22 fueron verificadas documentalmente.
Entre las recomendaciones del informe final consta remitir los antecedentes pertinentes a las instituciones de control para que actúen dentro de sus competencias y determinen si corresponde abrir o profundizar procedimientos.
También se propone solicitar a la Fiscalía, la Contraloría y la UAFE que informen a la Asamblea sobre el inicio y avance de las actuaciones adoptadas, dentro del plazo establecido en el documento.
La información protegida por la ley, incluidos datos tributarios, financieros, judiciales y personales, debe mantenerse bajo las condiciones de reserva que correspondan.
La clasificación no determina responsabilidades
El informe constituye un mecanismo de fiscalización legislativa y de identificación de casos que requieren revisión. Las alertas roja, naranja y verde no reemplazan las investigaciones de las instituciones competentes ni las decisiones que puedan adoptar las autoridades judiciales.
Por ello, la existencia de una alerta no significa que una autoridad haya cometido peculado, enriquecimiento ilícito u otro delito. Cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante los procedimientos legales correspondientes y con respeto al derecho a la defensa.
La atención ahora se centra en el tratamiento del informe por parte del Pleno de la Asamblea Nacional y en las actuaciones que puedan ejecutar los organismos de control a partir de sus recomendaciones.
Fuente: El Universo
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