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La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) logró que el pleno de la Asamblea Nacional apruebe una resolución en la que se pide celeridad y diligencia a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en las investigaciones relacionadas con el supuesto financiamiento irregular de la campaña electoral presidencial de la Revolución Ciudadana (RC) en 2023.
La resolución fue aprobada con 76 votos a favor, 58 en contra y 6 abstenciones, y busca garantizar que las instituciones de control actúen “de manera oportuna, objetiva, independiente y transparente” frente a los hechos y señalamientos que han trascendido públicamente.
¿Qué se investiga?
El debate se centra en presuntos aportes irregulares a la campaña de la RC y posibles vínculos con financiamiento extranjero, en particular recursos que, según ADN y el informe que presentó la asambleísta oficialista Diana Jácome, tendrían origen en Venezuela y se habrían manejado sin justificación clara en las cuentas de campaña.
Jácome señaló que en la documentación del CNE aparecen nombres de personajes como Luisa González, Andrés Arauz y Santiago Díaz Asque, con inconsistencias en la declaración de gastos de campaña que, según ella, rondarían cerca de medio millón de dólares sin justificar adecuadamente.
Instituciones llamadas a actuar
La resolución exhorta a las siguientes entidades:
Fiscalía General del Estado (FGE): Para avanzar en las investigaciones penales que correspondan en caso de existir indicios de lavado de activos o delitos conexos.
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE): Como ente rector del análisis de operaciones sospechosas vinculadas a lavado de activos y financiamiento ilícito, para aportar su análisis técnico financiero.
Consejo Nacional Electoral (CNE): Para continuar con la fiscalización de ingresos, aportes y gastos declarados por el movimiento político, y remitir informes completos a las instancias que lo requieran.
Tribunal Contencioso Electoral (TCE): Para analizar denuncias por posibles infracciones electorales y resolver con criterio técnico y conforme al marco legal vigente.
Este llamado legislativo se ubica en el contexto de procesos de control interno en la Asamblea, como el trabajo de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, que desde enero inició la fiscalización sobre presunto financiamiento irregular en base a esa resolución.
Críticas y contexto político
La iniciativa de ADN fue rechazada en parte por asambleístas de la Revolución Ciudadana, quienes argumentaron que se trata de una cuestión política y de desgaste partidista más que de una investigación técnica objetiva. Sin embargo, los oficialistas defendieron que la transparencia en el financiamiento electoral es fundamental para garantizar la soberanía popular y la integridad del sistema democrático, y rechazaron cualquier intento de injerencia extranjera en procesos electorales ecuatorianos.
¿Por qué es relevante?
El tema del financiamiento de campañas políticas ha sido un punto de controversia pública y legal en Ecuador, especialmente con relación a las elecciones presidenciales de 2023 y la participación de movimientos como la RC. La revisión de las cuentas de campaña forma parte de las atribuciones del CNE y el TCE, mientras que la Fiscalía y la UAFE investigan aspectos penales y financieros que puedan derivarse de supuestos aportes no declarados o de origen irregular.
Con esta resolución, la Asamblea Nacional, a través de ADN, ha puesto presión institucional sobre los órganos de control para que agilicen las investigaciones sobre el presunto financiamiento irregular a la campaña electoral de la RC, en un proceso que involucra análisis técnico financiero, posibles responsabilidades legales y eventos de carácter político y judicial que se desarrollan de forma paralela en varias instancias del Estado ecuatoriano.
