Nexos entre ATM y Progen salpican a empresas y exfuncionarios del sector eléctrico

Una nueva investigación sobre los contratos emergentes del sector eléctrico en Ecuador puso bajo análisis presuntos vínculos entre compañías contratistas, exfuncionarios públicos y asesores relacionados con procesos adjudicados durante la crisis energética que atravesó el país en 2024.

Las indagaciones se centran en las empresas ATM y Progen, compañías que obtuvieron contratos millonarios para la provisión de generación eléctrica en medio de los apagones registrados a nivel nacional.

De acuerdo con la información difundida, ambas firmas habrían manejado esquemas similares en la presentación de propuestas y en la estructura contractual utilizada para acceder a los procesos de contratación dentro de empresas públicas del sector energético.

Entre los elementos observados aparecen coincidencias en asesorías legales, representantes empresariales y conexiones con exfuncionarios que tuvieron participación dentro del Ministerio de Energía durante la etapa en la que se concretaron los contratos.

Asimismo, se analiza la utilización de mecanismos de pago distintos a los modelos tradicionales de contratación estatal. Parte de los convenios habría contemplado desembolsos elevados mediante cumplimiento de hitos y documentación logística, reduciendo ciertos requisitos de garantías y anticipos convencionales.

Los contratos vinculados a estas operaciones alcanzan montos millonarios y actualmente forman parte de revisiones administrativas, auditorías de Contraloría y procesos judiciales relacionados con posibles irregularidades en contratación pública.

Las investigaciones también buscan determinar si existieron conflictos de interés, ventajas indebidas o coordinación previa entre actores públicos y privados para facilitar la adjudicación de los proyectos energéticos durante la emergencia nacional.

En medio del avance de los procesos de control, varias autoridades y funcionarios relacionados con el sector eléctrico han sido separados de sus cargos, mientras continúan las revisiones sobre el impacto económico y operativo que dejaron estos contratos en el sistema energético ecuatoriano.