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Solicitan extradición del expresidente de EMCO, Hernán Luque es procesado en el caso Encuentro

El juez anticorrupción y encargado del caso Encuentro, Renán Andrade, presentó el 14 de febrero la solicitud formal para que se concrete la extradición desde Argentina de Hernán Luque, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

La solicitud fue entregada a José Suing, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), y en ella se incluye la documentación respectiva que involucra a Luque como uno de los ocho procesados en el caso Encuentro.

Quienes también están dentro de esa lista son: Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso; Antonio Icaza, exgerente general de CNEL; Roberto Bueno, Julio León, Jorge Orbe, Gabriel Massuh y Leonardo Cortázar.

“Para que el juez de la causa eleve los antecedentes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, o para que este, en los casos de fuero de Corte Suprema de Justicia, inicie el procedimiento de extradición, será necesario que se haya dictado previamente auto de prisión preventiva o recaída sentencia ejecutoriada contra el procesado cuya extradición se pretende. (…) Los jueces y tribunales se hallan obligados a solicitar la extradición del prófugo que se encuentre en territorio de otro Estado, contra quien haya dictado o dicten auto de prisión preventiva en cualquier etapa del juicio penal, o sentencia penal condenatoria que imponga pena privativa de libertad…”, justificaba Andrade en su providencia con la que confirma el envío de la información solicitada por el presidente encargado de la CNJ.

El proceso de extradición de Hernán Luque inició el viernes 9 de febrero. El exfuncionario fue arrestado mientras transitaba en la vía pública de Buenos Aires, Argentina. Según el informe policial de esa detención, Luque era buscado por el delito de “organización, asociación o grupo delictivo, cohecho o corrupción”.

Luque, junto a los otro siete involucrado, eran supuestamente parte de un “grupo criminal” estructurado tanto por funcionarios públicos como particulares, quienes tendrían roles específicos y una suficiente capacidad en la dirección de las operaciones delictivas por quienes, dijo, asumieron la “jefatura criminal”.

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