Un informe reciente del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) reveló que la minería ilegal ha deforestado al menos 562 hectáreas en la Amazonía ecuatoriana, afectando zonas naturales protegidas.
De esa cifra, 510 hectáreas corresponden a áreas de amortiguamiento, mientras que el resto se encuentra dentro de los límites de las áreas protegidas.
El Parque Nacional Podocarpus es una de las áreas más impactadas, con 50 hectáreas devastadas hasta septiembre de 2024. Este daño es significativo, ya que representa un incremento del 125% en comparación con julio de 2023.
Las actividades mineras ilegales han modificado el cauce del río Loyola y fragmentado los ecosistemas adyacentes, afectando gravemente la biodiversidad de esta región.
El uso de imágenes satelitales permitió identificar que la deforestación y la pérdida de bosques nativos continúan en aumento, lo que agrava la situación en uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del país.
