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Fuera del complejo carcelario de Guayaquil, que presenta una crisis en su funcionamiento e infraestructura, hay otras cárceles que están en las mismas condiciones descritas por el ministro del Interior, John Reimberg: las de Machala, Ibarra, Cañar y Babahoyo.
Los edificios vetustos, con unos 100 años de construcción, implica para las cárceles de Cañar e Ibarra no tener servicios básicos y sistemas de videovigilancia. Sus paredes y celdas están deterioradas.
A esos problemas se suma el hacinamiento. En la cárcel de Cañar, 134 presos cumplen su condena, 18 más que su capacidad establecida. En Ibarra, el límite es de 303 presos y tiene 605.
Esta situación se replica en la cárcel de Machala que tiene 1 430 presos cuando solo hay espacio para 630. En la de Babahoyo están presas 888, cuando deberían ser máximo 416. En esta prisión, los directores han pedido que sea reubicada porque está a pocos metros de un río, una vía de escape para los presos.
Cuando el problema no es el hacinamiento o servicios precarios o inexistentes, hay inconvenientes por la violencia como sucede en la cárcel de Turi en Azuay, construida en 2014 en el gobierno de Rafael Correa.
Este centro penitencario ha sido epicentro de masacres carcelarias y de trincheras, razones por las que en ocasiones la población, los familiares de los presos o las autoridades locales han pedido reubicar parte de los 1 159 presos.
