La Cámara de Minería del Ecuador hace un llamado a la Corte Constitucional para que inadmita una acción de inconstitucionalidad.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) presentaron este recurso.
La acción de inconstitucionalidad es contra la consulta prelegislativa, establecida en el Decreto Ejecutivo 604. Este fue expedido el 28 de noviembre del 2022 por el presidente Guillermo Lasso.
El decreto contiene el instructivo para la aplicación de la consulta prelegislativa para la expedición de los actos normativos de la Función Ejecutiva.
En este se detalla que su ámbito de aplicación es voluntario para las entidades del Ejecutivo.
También norma que son sujetos de consulta única y exclusivamente las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del país. Puede ser por sí mismas o a través de sus organizaciones representativas.
Adicionalmente, contempla que la consulta prelegislativa se desarrollará dentro del marco de los principios de la interculturalidad y plurinacionalidad.
Los argumentos de la Cámara de Minería
María Eulalia Silva, presidenta Ejecutiva de la Cámara, indica que esa acción va en contra del dictamen de la Corte Constitucional.
Esta resolvió en octubre del 2021 que se realice la consulta ambiental antes de entregar la licencia ambiental a las empresas.
Silva comenta la consulta ambiental no solo sirve a la industria minera, sino a todas las actividades productivas y de infraestructura que necesitan ese permiso. Eso incluye, por ejemplo, a las construcciones de los gobiernos seccionales.
Silva dice que no se entiende la acción de las dos organizaciones indígenas, ya ellas exigieron la realización de la consulta ambiental. Fue parte de sus exigencias en el paro de junio del año pasado y de las mesas de diálogo.
La consulta ambiental no se puede hacer si no se elabora el marco normativo de la consulta prelegislativa, explica Silva.
Estas acciones y la reciente decisión de la Corte Provincial de Imbabura de revocar la licencia ambiental del proyecto Llurimagua tienen estancada a la minería. Eso comenta Silva.
La industria minera está en la congeladora, por la paralización de las actividades.
Ella recalca que existe la necesidad de contar con el instructivo de la consulta prelegislativa para poder hacer la consulta ambiental, antes de la entrega de la licencia ambiental.
Tres proyectos mineros en riesgo
La construcción de las minas de los proyectos Loma Larga, La Plata y El Domo de Curipamba está en riesgo.
Estos tres proyectos están en la fase de exploración avanzada y están a la espera de la entrega de la licencia ambiental para construir la infraestructura.
Silva comenta que esos tres yacimientos significan USD 1 000 millones en inversión durante la construcción. Más o menos, esas obras duran entre dos y tres años.
Andrés Ycaza, síndico de la Cámara de Minería Ecuatoriana, comenta que la acción de inconstitucionalidad inviabiliza el cumplimiento dispuesto por la Corte Constitucional.
“En caso de acceder al pedido de las organizaciones existe el riesgo de que esta acción dilate la aplicación de la consulta prelegislativa y por ende la Consulta Ambiental, paralizando las actividades industriales por varios años”.
Silva comenta que desde el año pasado no se ha dado ninguna licencia ambiental a ninguna industria, no solo a la minera.
Más proyector mineros en otras etapas
El gran yacimiento de Cascabel y Llurimagua en Imbabura; Warintza, Mirador, Cangrejos, Ruta del Cobre, Panantza San Carlos, Río Blanco, Cóndor, entre otros, siguen con sus exploraciones.
Las excepciones son Panantza y Río Blanco que están suspendidos totalmente.
Loma Larga y Llurimagua se enfrentan a decisiones judiciales, como la revocatoria de la licencia ambiental otorgada en el 2014 a Llurimagua.
La Corte Provincial de Imbabura adoptó esa medida, pese a que la Corte Constitucional emitió su fallo de la consulta ambiental en el 2021.
La minera chilena Codelco, que tiene Llurimagua considera que no puede haber retroactividad de la ley.
En las parroquias García Moreno y Peñaherrera, del cantón Cotacachi, los pobladores que están a favor de la minería protestaron el lunes 10 de abril ante la Corte Provincial de Imbabura.
Pedro Vallejos, de García Moreno, que están desesperados, porque los habitantes trabajaban en el proyecto. De las 250 personas, solo 130 están en la minera.
Además, las familias se beneficiaban de los proyectos sociales en vialidad, educación, salud y producción.
