La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin.
La CPI alega que es responsable de crímenes de guerra, que incluyen la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia.
El tribunal indicó que los crímenes se cometieron en Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala contra el país de Europa del este.
Moscú niega las acusaciones de crímenes de guerra durante la invasión.
Los señalamientos
La CPI acusó a Putin de estar involucrado en la deportación de niños y dice que tiene motivos razonables para creer que cometió los actos directamente, además de trabajar con otras personas.
El tribunal también indicó que el líder ruso no ejerció sus competencias para detener a otros que deportaron menores.
La comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, también es buscada por la CPI.
A pesar de la orden de arresto contra Putin y Lvova-Belova, la CPI no tiene poderes para detener a los sospechosos y sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo que estableció la corte.
Rusia no es signataria del acuerdo, por lo cual es poco probable que ninguno de los dos sea extraditado.
Rusia le resta importancia
En respuesta a la orden de arresto contra Putin, una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dice que «no tiene ningún significado».
«Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, incluso desde el punto de vista legal», dijo la portavoz Maria Zakharova en su canal de Telegram.
«Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo, y las posibles ‘recetas’ para el arresto provenientes de la Corte Internacional serán legalmente nulas y sin valor para nosotros».
