La guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia ya está pasando factura a las familias de la provincia del Carchi, donde gran parte de la economía depende del comercio fronterizo.
Transportistas y trabajadores de la cadena logística aseguran que su actividad prácticamente se ha paralizado. Según testimonios recogidos en la zona, con el arancel inicial del 30%, las operaciones cayeron en un 60%, pero tras el aumento al 50%, la reducción llegó hasta el 95%.
El panorama podría empeorar aún más, ya que el Gobierno ecuatoriano ha advertido que los aranceles podrían subir hasta el 100%, lo que dejaría a la frontera en un escenario crítico, incluso descrito como un “desierto comercial”.
Esta crisis ya se refleja en el paso fronterizo de Rumichaca, donde el flujo de camiones cayó drásticamente: de entre 250 y 300 vehículos diarios a apenas cinco, afectando directamente al transporte pesado y a toda la cadena productiva.
El impacto no es solo logístico. Miles de familias dependen de estas actividades, y se estima que entre 4.800 y 6.500 empleos están en riesgo en la provincia, una de las más golpeadas por la falta de oportunidades laborales.
A nivel macroeconómico, el conflicto también ya deja cifras preocupantes. El comercio bilateral entre ambos países cayó un 44% en el primer mes de aplicación de los aranceles, evidenciando el fuerte golpe a las economías de ambos lados de la frontera.
Este enfrentamiento comercial comenzó a inicios de 2026, cuando Ecuador impuso aranceles a productos colombianos argumentando problemas de seguridad en la frontera, lo que generó una respuesta similar por parte de Colombia, escalando el conflicto.
Mientras tanto, en ciudades fronterizas como Tulcán, la falta de movimiento comercial ya se traduce en menos ingresos, cierre de actividades y migración de trabajadores hacia otras provincias o incluso otros países en busca de sustento.
En medio de esta situación, los habitantes del Carchi advierten que son los más afectados por una disputa entre gobiernos, que ha terminado golpeando directamente el bolsillo de miles de familias ecuatorianas.






