Un megaoperativo ejecutado este martes dejó al menos 50 funcionarios de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP detenidos, en el marco de la desarticulación de una presunta red de corrupción que operaba dentro de la institución desde el año 2015.
Según las autoridades, esta estructura ilegal habría provocado un perjuicio económico cercano a los 300 millones de dólares al Estado ecuatoriano, convirtiéndose en uno de los casos más graves detectados en el sector eléctrico.
¿Cómo operaba la red?
La hipótesis principal de la investigación apunta a un esquema bien organizado que incluía:
- Alteración y reducción de facturas eléctricas
- Eliminación de deudas mediante reclamos manipulados
- Cobro de coimas a cambio de “favores” administrativos
Además, se reveló que la red contaba con presunto respaldo dentro de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL, lo que habría permitido sostener el esquema durante años.
Manipulación del sistema eléctrico
Las irregularidades no se limitarían a la facturación. Las autoridades también investigan:
- Manipulación de proyectos eléctricos
- Alteración de procesos técnicos
- Fallas provocadas en el servicio
Estas acciones habrían afectado directamente a los usuarios del sistema eléctrico en distintas provincias del país.
Perfil de los implicados
Uno de los aspectos que más llama la atención en la investigación es el nivel de vida de algunos de los implicados.
De acuerdo con las primeras indagaciones:
- Funcionarios de bajo rango tendrían vehículos de alta gama
- Viajes frecuentes a Europa
- Propiedades y lujos no acordes a sus ingresos
Este fenómeno ha sido vinculado por autoridades con los llamados “nuevos ricos”, resultado de presuntos actos de corrupción prolongados en el tiempo.
Red de larga data
Las investigaciones sostienen que esta estructura habría operado desde 2015, consolidándose a lo largo de varios años dentro de la institución.
El caso se conecta con los recientes allanamientos ejecutados en oficinas de CNEL a nivel nacional y con las declaraciones del presidente Daniel Noboa, quien aseguró que se logró desarticular una red que operó por más de una década.
