Para la fiscal general, Diana Salazar, es claro que en el caso Sinohydro, en el que se investigará el delito de cohecho, se han ejecutado “actos de contraprestación desde el ejercicio de un cargo público a cambio de dádivas entregadas de forma directa e indirecta a través de terceras personas, entre familiares, amigos, asesores y colaboradores cercanos”.
Casi cuatro años después de haberse abierto la investigación previa ante una trama de corrupción que se habría tejido, entre 2009 y 2018, en torno a la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, la Fiscalía formuló cargos contra 37 personas que habrían colaborado para que se viabilice la contratación de la empresa china Sinohydro, se adecuen objetos sociales de empresas para aparentar contrataciones, se creen cuentas offshore y se repartan más de $ 76 millones en coimas o dádivas, utilizando el sistema financiero nacional e internacional.
Entre los 37 sospechosos contra quienes se abre una etapa de instrucción fiscal de 90 días están el expresidente Lenín Moreno Garcés, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, sus hermanos Guillermo y Edwin Moreno Garcés, sus cuñadas Martha González y Jacqueline Viteri, su amigo cercano Conto Patiño, una serie de familiares directos e indirectos de este último, ciudadanos chinos que representaron a la empresa Sinohydro y fueron embajadores de China, exfuncionarios públicos y personas privadas.
En total 226 elementos de convicción generales y específicos fueron presentados contra los hoy procesados por la fiscal general, antes de solicitar al conjuez Luis Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), como medida cautelar la prisión preventiva para todos.
Salazar explicó que esa es la medida cautelar que, por la gravedad de los hechos, aseguraría la comparecencia al proceso de todos los involucrados en los hechos ilícitos que por casi tres horas fueron relatados por la titular de la Fiscalía. Lenín Moreno, al igual que la mayoría de los acusados, participaron de la audiencia por vía telemática.
El pedido de prisión preventiva también se justificó en el potencial peligro de fuga que existiría, así como también ante la posibilidad de que los procesados puedan entorpecer el desarrollo investigativo de la causa.
