El Estado tiene en custodia a 2.201 infantes, niñas, niños y adolescentes separados de sus padres o en situación de orfandad en las 24 provincias. Y solo 272 están en condiciones para ser adoptados por una nueva familia; otros 97 cumplen un trámite para llegar a ser aptos.
Los 1.832 menores restantes no pueden ser parte de dicho proceso porque además de su complicada situación familiar se tienen que resolver su condición legal, después de esto se puede analizar la claridad de un posible futuro.
“No es un tema que yo mañana institucionalizo a un niño y de forma inmediata procedo a declararlo en adoptabilidad, porque no son productos. Es un proceso que viene de la mano de un tema judicial que pueden disminuir o acrecentarse todo dependiendo de varios factores, cada caso es distinto” enfatizó el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal.
Lo que sí tienen en común la mayoría de los 2.000 bebés, infantes, niños y adolescentes custodiados por el Estado es que el 63,88% ingresaron por negligencia y maltrato y solo apenas 31 pequeños porque sus padres fallecieron. El resto está en categorías de violación sexual, trata, abandono y callejización.
De acuerdo a la normativa vigente, para poder estar en las también llamadas casas de acogidas es necesario que exista la orden de un juez. El procedimiento se enfoca en tratar de insertar al niño o niña afectado en el principal núcleo familiar, si ello no funciona, se apunta la entrega a familiares secundarios como tíos, abuelos y más. Pero si aún así no es posible, se los postula a “familias temporales” y luego de ello viene el proceso de adopción.
Pero cuando llega la separación entre los menores y sus cuidadores; que pueden ser padres o familiares, hay un duelo por la rotura abrupta de la relación y desarrollan una “pérdida de identidad” porque en muchos casos, los menores no ven la “parte mala” de los adultos por la cual se los están separando de forma obligada.
La psicóloga infantil Michelle Pérez alerta que si los menores no reciben un adecuado acompañamiento psicológico, cuando sean adultos tendrán comportamientos contra la ley porque su cerebro normalizó la violación de derechos en su vida y no tendrá reparos en cometer actos que perjudiquen a otras personas.
“Los comportamientos agresivos de la adolescencia pueden ser más críticos porque no entienden por qué ellos debieron pasar por eso. Y si no saben canalizar sus emociones, todo ese enojo se convierte en odio y es ahí cuando no les da pena lastimar o sino llegan a decir: Igual ellos tienen dinero o no sufrieron como yo sufrí”.
Por tal razón insta al Estado a enfocar acciones no solo para la niñez sino hacia la familia y los cuidados en la crianza. “No hay esa conciencia de la responsabilidad de tener un hijo. Suena trillado, pero es así, si no cuidamos la sociedad que se está formando ¿qué vamos a tener en el futuro? Si hoy ya existe queja de lo que tenemos en el país es porque no se los cuidó en su debido momento”, resaltó Pérez.
De acuerdo a Naciones Unidas (ONU), el maltrato infantil engendra, entre otras cosas, problemas de salud física y mental que duran de por vida, “sus consecuencias sociales y laborales pueden, a la larga, ralentizar el desarrollo económico y social de un país”, ponderó en un informe presentado en septiembre del año anterior.
Ese mismo documento dice también que “con frecuencia el maltrato infantil queda oculto” y que solo una parte de los niños que son víctima de malos tratos recibe en algún momento el apoyo de profesionales de la salud, pero cuando ya el problema es evidente y ya ha generado daños graves en los menores: psicológicos y físicos.
