El número de presuntos delincuentes abatidos en Ecuador por la Policía Nacional ascendió a 45 desde inicios de año, según informó este jueves 29 de junio el ministro del Interior, Juan Zapata.
El último de ellos fue abatido en Guayaquil durante la operación para rescatar al italiano Benny Colonico, quien había sido secuestrado el pasado viernes en su restaurante, en el norte de esa ciudad.
El funcionario aseguró a Ecuavisa.com que hay además un hombre detenido por el rapto del extranjero. El sospechoso cumple prisión preventiva. «Seguimos en investigación», indicó Zapata.
El martes pasado, en el centro de Guayaquil, la Policía abatió a un delincuente e hirió a otro. Los sujetos robaron el dinero de una mujer que había salido de un banco, en la Alborada.
Los sujetos huyeron con el botín, pero fueron perseguidos por agentes. Durante el seguimiento uno de ellos apunta con un arma a un uniformado, pero otros policías reaccionaron y dispararon contra los individuos.
Ese mismo día, pero en la noche, un hombre de 18 años fue abatido por la policía en medio de un enfrentamiento armado suscitado en la vía Guayaquil-Salinas. El cruce de balas dejó además un agente herido. Este sujeto derribado no forma parte de las cifras que maneja el ministro Zapata.
Actuaciones letales de la Policía
Con casi medio centenar de personas abatidas en cerca de seis meses, la cifra contrasta con los seis que se registraron en todo 2022, según los datos difundidos por la Policía.
El incremento de actuaciones letales de la Policía ecuatoriana se ha acelerado en los últimos meses a raíz de las disposiciones marcadas por el Gobierno para enfrentar la crecida de la delincuencia y de las acciones del crimen organizado.
Entre esas acciones está la recomendación realizada a finales de abril por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), de usar armas letales para combatir la oleada de delitos y crímenes en el país, atribuidos a bandas de delincuentes a las que calificó de “terroristas”.
Asimismo, en mayo entró en vigor el reglamento de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, que refuerza el uso del armamento reglamentario de la Policía.
«El absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano, se terminó», dijo en su momento el presidente Guillermo Lasso, al suscribir esta norma.
Eso documento define que «la materialización del acto ilícito es la amenaza o peligro inminente que puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos y de los miembros de la fuerza pública».
Con información de: Ecuavisa