La Corte Constitucional de Ecuador evaluará si se ha incumplido el dictamen que ordena detener la explotación petrolera en el Yasuní ITT, tras la consulta popular que decidió cesar la extracción en esa zona, con un plazo de un año para el cierre definitivo.
Tanto el Gobierno como las agrupaciones ambientalistas han solicitado a la Corte que supervise el cumplimiento de este mandato. El máximo órgano de control constitucional deberá convocar a una audiencia para escuchar a las partes involucradas, aunque la fecha dependerá de la urgencia que la Corte otorgue al caso.
En caso de que la audiencia se celebre antes del 31 de agosto de 2024, la Corte podría emitir una resolución preventiva.
Sin embargo, si se realiza después de esta fecha, existe la posibilidad de que se dispongan sanciones, incluyendo la destitución de funcionarios responsables de cualquier incumplimiento, como explicó el abogado constitucionalista Alexander Barahona.
