Mientras se espera que el trámite del juicio político al presidente Guillermo Lasso avance en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) emitió un comunicado en el que pide a Pachakutik que respalde el proceso contra el jefe de Estado.
“Exigimos a la bancada del Movimiento Pachakutik una posición firme, ser consecuentes con las decisiones de las bases, con el proyecto político y con el clamor del pueblo ecuatoriano por la inmediata salida de Guillermo Lasso, el futuro de todo un país no puede estar sujeto a cálculos políticos, vaivenes por intereses personales y mucho menos por sospechas de compra de votos. Es hora de cumplir con su palabra expresada frente al pueblo ecuatoriano”, dice el extenso comunicado.
La Conaie recordó que en el consejo ampliado realizado el 24 de febrero de este año, en Quito, más de 80 organizaciones sociales reclamaron la renuncia del primer mandatario y apoyar su enjuiciamiento político.
“Es hora que el Gobierno asuma su responsabilidad y acepte su incapacidad para gobernar”, señala el texto en el que además se menciona que Lasso no ha dado la cara al país ante los casos de corrupción, Pandora Papers, caso Gran Padrino, Flopec, narcogenerales y los presuntos vínculos con la mafia albanesa.
Leonidas Iza, presidente de la Conaie, publicó un mensaje en el que señala que “el problema del país es Guillermo Lasso” y advierte que están atentos a las actuaciones en el Parlamento.
El comunicado de la Conaie aparece en momentos en que desde el Partido Social Cristiano (PSC) se acusa al Gobierno de pretender comprar votos de asambleístas, con el fin de evitar el juicio político.
Esteban Torres, coordinador del bloque del PSC, hizo la denuncia sin revelar los nombres de los legisladores supuestamente involucrados ni el operador político de Carondelet que estaría detrás de conseguir a su favor esas voluntades.
Torres, en un comunicado, señala que hace rato los socialcristianos conocen de esa “intención y pininos de abordaje pirata”, que para ellos no es una negociación sino que es corrupción en dos direcciones. Una, que constituiría peculado, comprar votos con cargos públicos y partidas presupuestarias dirigidas a terceros; y otra, extorsionar asambleístas quitándoles la seguridad que los protege de amenazas criminales.
Mientras que desde el oficialismo, la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) descartó los señalamientos del PSC y replicó que, al parecer, el juicio político está perdiendo apoyo. “¡Se les están bajando de la camioneta!”, increpó el grupo parlamentario.
Según el BAN, no existen pruebas o indicios de la supuesta compra de votos, extorsión o negociación de asambleístas por parte del Gobierno.
