Bastias explicó que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como los principios básicos de reparación integral a víctimas de violaciones a derechos humanos ordenan las modalidades de satisfacción, no repetición, rehabilitación e indemnización económica, tomando en consideración que en este caso no puede restituirse la vida de los fallecidos.

El 30 de abril del año anterior se constituyó este comité con la ayuda del CDH y acompañamiento de la Red Internacional de Mujeres Privadas de la Libertad (Rimuf).

El comité ya tuvo una comparecencia a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir justicia y reparación integral a las familiares.

Allí, en noviembre del año pasado, se presentó una medida cautelar ante la CIDH para exigir que el Estado asegure la vida de las personas dentro de prisión y además a sus familiares debido a las masacres acontecidas en centros de privación.

Además, en septiembre de 2022, el Comité de Familiares convocó al Tribunal Popular por Justicia en cárceles que condenó al Estado por vulneración de derechos, como a la integridad personal, vida digna y proyecto de vida, igualdad y no discriminación, debido proceso, seguridad jurídica, no revictimización y victimización secundaria, acceso a justicia, entre otros.

El viernes 14 de abril se dio un nuevo escenario de disturbios en la Penitenciaría. Un total de doce reos murieron debido a enfrentamientos entre bandas.