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El Tribunal de la Unidad Anticorrupción rechazó la tarde del martes 30 de septiembre el pedido de prisión preventiva en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez que elevó la Fiscalía General del Estado.
El servidor del Ministerio Público a cargo de la causa, César Alarcón, pidió la medida el lunes, en el marco de un caso de presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.
De acuerdo al fiscal, el burgomaestre, procesado en la causa denominada «Triple A», desacató la disposición de presentarse de forma periódica ante autoridades judiciales, la cual fue ordenada el pasado 20 de julio como alternativa al encarcelamiento.
La solicitud se abordó durante la audiencia de revisión de medidas cautelares de Alvarez, desarrollada este lunes en el Complejo Judicial Norte, en la ciudad de Quito. La diligencia se suspendió a las 16h30 de ese día para dar paso al análisis de los argumentos y la documentación presentada por las partes procesales, que devino en el fallo a favor de Alvarez.
«Seguiremos trabajando a pesar de esta burda persecución. Seguimos trabajando por Guayaquil que sigue siendo increíblemente independiente. Nada detiene a Guayaquil», declaró el alcalde a través de la red social X tras la resolución.
Alvarez atraviesa un juicio al que fue llamado el pasado 18 de julio. Ese día, elementos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) le colocaron, según lo dispuesto por el magistrado que lleva el caso, un grillete electrónico.
En la diligencia del lunes, el abogado de Alvarez solicitó que se le retire a su cliente el dispositivo de rastreo colocado en su tobillo, argumentando que su agenda es pública y que ha comparecido cuando ha sido requerido dentro del proceso. No obstante, el pedido no fue admitido.
El pasado 17 de septiembre, el alcalde arremetió contra el Ministerio Público en redes sociales luego de darse a conocer una solicitud de la Fiscalía de endurecer las medidas cautelares en su contra.
Tras calificar a la institución como “la Fiscalía más chistosa y perseguidora de la historia”, argumentó que no firmó la comparecencia del 1 de septiembre, a la que es acusado de no presentarse, porque ese día se encontraba en Quito atendiendo una invitación oficial de la Cancillería para abordar temas de seguridad nacional previos a la visita del senador estadounidense Marco Rubio.
