“Dentro de la Comisión Ocasional de la Asamblea creada para indagar supuestos actos de corrupción hemos presenciado un atentado a la razón y al sentido común”.
Así empieza un comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno en rechazo al informe aprobado el miércoles con los votos positivos de seis legisladores y uno negativo, que recomienda el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
La Cartera de Estado señala que la comisión ocasional, en lugar de cumplir con su rol de control político de manera seria y responsable, “confundió de manera deliberada su obligación de investigación”, puesto que tomó un papel de acusación que no le compete.
“Jamás les importó realmente la lucha contra la corrupción”, sino que la pretensión ha sido configurar causales para el enjuiciamiento político del primer mandatario, asevera el Ministerio.
Al filtrarse el informe borrador, un día antes de la votación, quedaron en evidencia las “maliciosas intenciones” de los comisionados al querer basar el juicio político en una supuesta traición a la patria por parte del presidente. Pero ante el rechazo de la opinión pública “se vieron en la penosa obligación de votar y retirar la causal”, reprochó la institución en el comunicado.
Esto se refiere al repentino cambio que tuvo el informe durante la sesión del miércoles cuando tras un receso, y con los votos de cinco legisladores, se suprimió dicha causal y se mantuvo la del delito contra la seguridad del Estado.
“Se ha aprobado un informe que en la forma carece de validez jurídica y no es vinculante. En el fondo, es un acomodo de retazos y rectificaciones, donde también, a su antojo y conveniencia han dejado afuera a personales que debían ser investigados”, dice el comunicado oficial.
No existe evidencia alguna que vincule al presidente Guillermo Lasso con lo que se pretende imputar. No hay mérito alguno para un juicio de este tipo, concluye el texto del Ministerio de Gobierno.
La comisión ocasional demoró alrededor de diez horas en el análisis, debate y votación del informe del denominado caso Gran Padrino, que tiene que ver con el caso Encuentro, donde se atribuyen responsabilidades al jefe de Estado por supuestos actos de corrupción en las empresas públicas, así como por el archivo de un informe policial que investigaba presuntos nexos de Rubén Cherres y Danilo Carrera con el narcotráfico.
A favor del informe votaron: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada del bloque PK), Diego Esparza (PSE), Rodrigo Fajardo (ID) y Augusto Guamán (antes BAN). Mientras que el oficialista Gruber Zambrano (BAN) tuvo que rectificar su voto porque inicialmente, debido a una confusión, votó a favor.
La mesa legislativa ya notificó al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, con el informe aprobado. Es así que el titular del Parlamento convocó a sesión del pleno para el sábado 4 de marzo, a las 08:00m para conocer, analizar y resolver el documento que recomienda el juicio político contra el presidente de la República.
