El pasado 31 de mayo de 2024, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) dispuso el desembolso de USD 1 000 millones de manera inmediata como parte del Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF).
Se trata de la primera parte de los desembolsos de un crédito aprobado por USD 4 000 millones, que se entregará durante cuatro años, y que el Gobierno de Daniel Noboa concretó luego de casi cinco meses de diálogos y negociaciones.
El FMI, mediante nueve pagos, en un lapso de 48 meses, irá entregando el dinero siempre y cuando, Ecuador cumpla con las condiciones determinadas por el organismo y que se van ajustando previo a cada nueva entrega de fondos.
Esto dará liquidez, dice el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, quien en entrevistas previas ha afirmado que permitirá ponerse al día con las deudas que mantiene el Estado con la seguridad social, proveedores y gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo. Pero también se destinarán al pago de otras deudas internacionales.
Pero bien, una de las referencias estructurales del FMI es que el acuerdo con Ecuador debe ser acompañado por una expansión de la cobertura de las transferencias económicas directas a los sectores más vulnerables. Eso significa que se debe ampliar el número de beneficiarios de bonos, principalmente del Bono de Desarrollo Humano.
Hasta octubre, el Gobierno deberá compartir con el Fondo Monetario un plan con el que se completará el registro social a fin de dar cobertura a las familias que se encuentran en los quintiles de ingresos más bajos. La idea no es solo ampliar el número de beneficiarios sino también mejorar su distribución geográfica.
El FMI hace énfasis en que esto es una parte clave del programa fiscal, pues permitirá proteger a los más necesitados de los impactos adversos que resultarían de las otras medidas que apuntan a la consolidación de las cuentas fiscales.
Ecuador, de su parte, ha propuesto la incorporación de 50 mil nuevas familias cada año a la cobertura de transferencias sociales, hasta 2028 serían 200 mil nuevos beneficiarios. Se calcula que la expansión tenga un costo de alrededor de USD 300 millones anuales una vez que todas las familias seleccionadas estén cubiertas.
Los nuevos beneficiarios se sumarán a ese millón 395 mil ecuatorianos que actualmente reciben alguno de los 11 bonos que entrega el Estado.
Con información de: Ecuavisa
