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El Gobierno de Venezuela solicitó formalmente la convocatoria de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar lo que calificó como “actos de agresión” perpetrados por Estados Unidos en su territorio.
El pedido fue realizado mediante una carta enviada al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Somalia Abukar Dahir Osman, y al secretario general de la ONU, António Guterres.
En la misiva, Caracas pidió al Consejo condenar los ataques armados ejecutados por fuerzas estadounidenses contra el pueblo y el Gobierno venezolano, exigir el cese inmediato de las operaciones militares y establecer mecanismos para que la administración estadounidense responda por presuntos crímenes de agresión cometidos en territorio venezolano.
La solicitud se produce tras los hechos registrados en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, cuando, según el Gobierno venezolano, fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron una serie de ataques armados que incluyeron bombardeos en zonas civiles y militares de Caracas, así como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, en el norte del país. El comunicado oficial también denunció la presencia de tropas especiales estadounidenses operando con helicópteros y aeronaves en distintos puntos del territorio nacional.
Venezuela sostuvo que estas acciones constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, la cual prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de su red social Truth Social que su país llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y aseguró que el presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera del país por vía aérea. Trump anunció que brindará más detalles en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago, en Florida.
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, indicó que el Gobierno desconoce el paradero actual de Maduro y de su esposa, mientras se mantienen las denuncias ante la comunidad internacional y crece la tensión diplomática tras los acontecimientos.
