El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) informó que en el marco de una auditoría a los contratos de Segura EP, la empresa municipal encargada de seguridad en Guayaquil, se detectaron irregularidades y alertas que motivaron la suspensión de un proceso de contratación por casi USD 17 millones y una investigación más amplia de la documentación vinculada a estos procedimientos de seguridad.

El secretario de Integridad Pública y director general del Sercop, José Julio Neira, explicó en una entrevista que las inspecciones se realizaron con base en la Ley de Contratación Pública, que faculta a la entidad a verificar in situ que los contratos de entidades públicas cumplan con los requisitos legales y técnicos.

Principales hallazgos

Entre las irregularidades detectadas, Neira destacó que:

• Armas previstas para uso de guardias no estaban registradas en el organismo competente de control de armas.

• Empleados del servicio de seguridad no estaban afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ni cumplían con requisitos laborales exigidos por el Ministerio de Trabajo.

• Se identificaron faltas a los requerimientos técnicos del contrato, pese a que este ya fue adjudicado.

Medidas adoptadas

Ante estos hallazgos, el Sercop suspendió el contrato cuestionado y en semanas recientes se ejecutó una intervención en las oficinas de Segura EP para continuar con el análisis técnico y legal. La Fiscalía General del Estado también abrió una investigación previa por un posible acceso indebido a información reservada, aunque Segura EP ha negado esas acusaciones.

Neira negó que estas acciones correspondan a motivos políticos y aseguró que los controles se aplican a contratos públicos en todo el país para asegurar transparencia y evitar que se adjudique dinero estatal a compañías que no cumplen con los requisitos legales.

Contexto del conflicto

Las observaciones del Sercop se dan en medio de una disputa entre el organismo de control y el municipio de Guayaquil por varios procesos contractuales vinculados a la seguridad ciudadana. El tema ha generado tensiones políticas, en parte porque el alcalde de la ciudad está involucrado en investigaciones penales por otros casos y algunos sectores han interpretado las auditorías como presión política, algo que las autoridades del Sercop han rechazado.