La situación de seguridad en Ecuador continúa siendo crítica, incluso con la aplicación de toques de queda en varias provincias del país. Datos oficiales revelan que durante la restricción aplicada en marzo de 2026, el nivel de violencia no disminuyó de forma significativa.
Entre el 15 y el 31 de marzo, periodo en el que rigió el toque de queda en provincias como Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo, se registraron 328 asesinatos, con días que alcanzaron hasta 48 muertes violentas en una sola jornada.
Aunque el Gobierno ha defendido la medida como efectiva para ejecutar operativos y capturar objetivos criminales, las cifras reflejan que la mayoría de detenidos —más de 1.200 personas— fueron sancionadas por incumplir la restricción, y no necesariamente por vínculos con estructuras delictivas.
Pese a esto, las autoridades insisten en que el objetivo es debilitar a los grupos organizados. Según el Ministerio del Interior, actualmente existen al menos 13 estructuras criminales con alta capacidad operativa, lo que justifica la ampliación de las medidas de control.
En ese contexto, el presidente Daniel Noboa anunció un nuevo toque de queda que regirá del 3 al 18 de mayo, en horario de 23:00 a 05:00, ampliándose a nueve provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, además de varios cantones adicionales.
Esta decisión forma parte del estado de excepción vigente y busca intensificar operativos contra el crimen organizado, en medio de una crisis de seguridad que sigue golpeando al país y mantiene en alerta a la ciudadanía.
Expertos y analistas, sin embargo, cuestionan la efectividad de estas medidas, señalando que los grupos criminales continúan operando y adaptándose, mientras la violencia sigue marcando el día a día en varias zonas del Ecuador.






