La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este 20 de febrero de 2026 una reforma urgente al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), orientada a fortalecer la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
La nueva normativa —respaldada con **77 votos a favor en el pleno legislativo— establece disposiciones específicas sobre cómo los municipios, prefecturas y juntas parroquiales deberán administrar sus recursos públicos, con el fin de priorizar el financiamiento de obras y servicios básicos para la ciudadanía.
Entre las principales disposiciones de la ley figura la obligación de que al menos el 70 % del presupuesto anual de los GAD sea destinado a gasto no permanente, es decir, a inversión en proyectos de infraestructura, servicios esenciales y mantenimiento, tales como agua potable, alcantarillado, vialidad urbana, tratamiento de aguas residuales y otros rubros que atienden necesidades comunitarias.
Por el contrario, la normativa limita el uso de recursos en gasto corriente, que abarca principalmente sueldos, remuneraciones administrativas y funcionamiento burocrático, fijando el tope en aproximadamente 30 % del presupuesto, con el objetivo de corregir tendencias anteriores en las que una proporción sustancial de dinero se destinaba al sostenimiento de estructuras administrativas y no a inversiones públicas de impacto directo.
La ley no elimina la autonomía política, administrativa ni financiera de los GAD, según sus promotores, sino que fija reglas generales de disciplina fiscal y transparencia para asegurar la sostenibilidad de las finanzas locales y que los recursos transferidos desde el Estado central se traduzcan en obras y mejorías tangibles para la población.
Además, la normativa contempla mayores mecanismos de control y seguimiento del gasto, como la publicación periódica del detalle de inversiones, informes de seguimiento ante organismos de control fiscal y evaluaciones para asegurar el cumplimiento de los porcentajes exigidos.
La aprobación de esta ley ha generado debate político y social, con sectores que apoyan la disciplina fiscal y el enfoque en inversión, y otros que advierten sobre posibles impactos en la autonomía local y la ejecución de programas y servicios sociales, planteando que podrían acudir a instancias como la Corte Constitucional para cuestionar la norma.
