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La noche del lunes 17 de noviembre de 2025, el presidente Daniel Noboa emitió el reglamento de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas, a través del Decreto Ejecutivo N.º 212. El documento contiene 57 artículos, además de 6 disposiciones generales, 5 transitorias, 3 reformatorias y 2 derogatorias, con las cuales se completa la estructura normativa para su aplicación.
Esta ley fue tramitada en la Asamblea Nacional con carácter de económico urgente y obtuvo 80 votos favorables durante su segundo debate el pasado 10 de julio. Su objetivo central es establecer medidas que permitan garantizar la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento operativo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
La norma crea el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, un organismo público técnico y especializado encargado de las funciones de regulación, control y sanción. Esta entidad operará bajo la rectoría de la Autoridad Ambiental Nacional y contará con autonomía administrativa, operativa y financiera, además de personería jurídica propia.
Para su funcionamiento, el sistema será administrado mediante un fideicomiso público, que podrá nutrirse de:
Donaciones nacionales e internacionales
Recursos provenientes de préstamos
Rendimientos de proyectos
Tasas, tarifas u otros ingresos derivados de actividades permitidas en áreas protegidas bajo el marco del derecho público
El reglamento detalla que el financiamiento del sistema provendrá del presupuesto asignado por la Autoridad Ambiental Nacional, así como de donaciones, préstamos y rendimientos de proyectos, siempre bajo criterios previos de sostenibilidad fiscal definidos por el ente rector de las finanzas públicas.
Uno de los puntos más relevantes del reglamento es que permite solicitar la intervención de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas en áreas protegidas donde exista presencia de grupos criminales. Esta intervención podrá realizarse de forma parcial o total y será temporal, hasta neutralizar la amenaza y restablecer la normalidad.
La Ley de Áreas Protegidas enfrenta actualmente cuatro demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional, de las cuales dos ya fueron admitidas a trámite, mientras continúa el análisis jurídico sobre su alcance y aplicación.
