El mayor Jairo (nombre protegido), oficial en servicio activo de la Fuerza Terrestre, reveló que ha pagado más de $100 mil en pensiones alimenticias por un hijo que, según pruebas de ADN, no es suyo.
El militar asegura que inició el proceso de impugnación del reconocimiento voluntario en 2012 y, tras años de trámites, logró demostrar en primera y segunda instancia que no existe vínculo biológico. Sin embargo, su caso permanece entrampado en la Corte Nacional de Justicia desde julio de 2024, sin que se haya fijado audiencia final.
El oficial denuncia que esta situación ha afectado su estabilidad emocional y económica, pues continúa pagando pensiones descontadas directamente de su rol de pagos. Además, señala que la madre del menor ha gestionado incrementos conforme avanzaba en su carrera militar.
El colectivo No al fraude de Paternidad, que agrupa a más de 1.200 personas en Ecuador, estima que un 30 % de sus miembros son militares y policías, evidenciando la recurrencia de estos casos en las fuerzas del orden.
