El Gobierno de Ecuador tomó una decisión clave sobre uno de los proyectos más polémicos del país: no liberará los pagos pendientes a la empresa china Sinohydro hasta que la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair funcione correctamente.

La medida fue anunciada tras la firma del acta de recepción definitiva de la obra, concretada el 17 de abril de 2026, lo que permitió al Estado asumir oficialmente el control total de la operación y mantenimiento de la planta.

Sin embargo, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, dejó claro que esto no implica un cierre total del proceso contractual.

Pago retenido como garantía

Según explicó el Gobierno, el dinero correspondiente a las garantías —que superaría los USD 200 millones— se mantendrá retenido hasta verificar que la central opere sin fallas.

En términos legales, esto significa que el Estado no liberará los recursos hasta confirmar que la obra fue entregada en condiciones óptimas y cumple con los estándares técnicos establecidos.

Una obra marcada por fallas

La decisión ocurre en medio de fuertes cuestionamientos técnicos que han acompañado a Coca Codo Sinclair desde su construcción.

Informes han señalado la presencia de más de 17.000 fisuras en componentes clave como los distribuidores de agua, lo que ha impedido que la hidroeléctrica alcance su capacidad máxima de generación de 1.500 megavatios.

De hecho, en la práctica, la producción ha estado por debajo de lo proyectado, generando dudas sobre su rendimiento real.

Un proyecto estratégico bajo presión

Coca Codo Sinclair es la central hidroeléctrica más grande del Ecuador y pieza clave del sistema energético nacional.

A pesar de su importancia, ha estado rodeada de controversias durante más de una década, incluyendo problemas estructurales, retrasos y disputas contractuales.

La reciente recepción definitiva se dio tras un laudo arbitral internacional que permitió destrabar el conflicto entre el Estado y la empresa constructora.

Decisión con impacto político y económico

La retención del pago refleja una postura más firme del Gobierno frente a la empresa constructora, priorizando la funcionalidad de la obra sobre el cumplimiento inmediato de compromisos financieros.

No obstante, aún existen interrogantes sobre cómo se verificará el correcto funcionamiento de la central y qué mecanismos se aplicarán para exigir las correcciones necesarias.

Mientras tanto, el país sigue dependiendo de una infraestructura clave que, pese a su potencial, continúa bajo la sombra de fallas técnicas y cuestionamientos.