La migración se ha consolidado como una de las principales crisis sociales y económicas del Ecuador. Más de 2,4 millones de ciudadanos, equivalentes al 13 % de la población nacional, viven actualmente en el exterior, empujados por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Sin embargo, la cifra podría incrementarse drásticamente, pues estudios de la Organización Internacional de Migrantes revelan que alrededor de 1,8 millones de ecuatorianos tienen la intención de emigrar en los próximos años.
Entre las principales razones identificadas por los organismos internacionales destacan la búsqueda de mejores condiciones de vida (36,6 %), la violencia o inseguridad (26,2 %) y la reunificación familiar (14,7 %). A pesar de este panorama, también existe un flujo de retorno: 260.000 personas han regresado al país en los últimos cinco años, aunque el 30 % manifiesta la intención de volver a migrar.
A la migración externa se suma la interna. Más de medio millón de ciudadanos planean trasladarse a otra ciudad o provincia dentro del territorio nacional, en busca de empleo o de mejores condiciones de vida. Asimismo, alrededor de 125.000 ecuatorianos han sido desplazados de sus lugares de origen; el 60 % por motivos asociados a la violencia y el 40 % por fenómenos naturales.
Ecuador también se ha convertido en país receptor. Actualmente, 817.000 migrantes extranjeros residen en territorio nacional. De ellos, 475.000 son venezolanos y 203.000 colombianos, los principales grupos. Este fenómeno tiene dos aristas: por un lado, los migrantes dinamizan la economía —los venezolanos aportan cerca de $900 millones—; por otro, la llegada masiva presiona los sistemas públicos, especialmente educación y salud, en un contexto de fragilidad institucional.
Las fronteras de Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas se han convertido en puntos críticos de ingreso, con flujos que se concentran en Quito y Guayaquil. Allí, la precariedad laboral, la informalidad y la xenofobia marcan la experiencia cotidiana de quienes intentan asentarse.
A pesar de los desafíos humanitarios y sociales, las remesas continúan siendo un soporte económico crucial. Para 2025 se prevé que superen los $7.000 millones, recursos destinados al consumo, la compra de bienes y servicios, y en menor medida al ahorro. También destacan los $300 millones que salieron del país en el primer semestre del año en remesas hacia Colombia.
Frente a este fenómeno, el Estado ha implementado acciones como el Plan Nacional del Pacto Mundial, operativos fronterizos y campañas como “Quédate”, desarrollada en coordinación con Naciones Unidas y Estados Unidos, enfocados principalmente en deportaciones rápidas y control migratorio. Sin embargo, analistas consideran que estas medidas resultan insuficientes para enfrentar la magnitud y complejidad de una crisis que demanda políticas integrales de desarrollo, seguridad y atención humanitaria.