Al menos cinco camiones militares se movilizaron hacia el Tena, en la provincia del Napo, según lo denunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie). Los uniformados fortalecerían el control ante las protestas por la construcción de la megacárcel en Archidona.
«Cinco camiones de militares se dirigen a Tena. Pasaron a la fuerza por la comunidad Costa Azul», denunció la Confenaie en redes sociales la madrugada del 15 de diciembre. Allí también hizo un llamado a las comunidades de base «a estar alertas en los puntos de resistencia».
El mensaje fue replicado por Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que también responsabilizó al presidente Daniel Noboa «por la integridad de nuestros hermanos y hermanas, quienes llevan 12 días en resistencia».
Las protestas se incrementaron desde el jueves 12 de diciembre, cuando el movimiento indígena y otras organizaciones sociales se sumaron oficialmente. En una multitudinaria asamblea, decidieron mantener las movilizaciones al enterarse de que el Gobierno ya adjudicó la obra.
«Vivimos del turismo»
Jersy Shiguango, una de las moradoras de la zona y manifestante, pidió en días anteriores al Gobierno que «se sensibilice (con la población de Archidona) y piense bien antes de poner una cárcel de alta seguridad».
«Tiene que pensar que tiene que velar por la gente de la Amazonía, que somos un pueblo que vivimos de la fruta y del turismo. No podemos permitir que traiga la cárcel acá», dijo a EFE Shiguango desde otro punto de bloqueos en esta zona de provincia amazónica de Napo.
La mujer recordó que inicialmente la promesa de campaña de Noboa eran las cárceles barcaza, donde pretendía recluir a los líderes criminales y a los delincuentes de alta peligrosidad en embarcaciones en alta mar. Allí los mantendría aislados e incomunicados, al menos de manera temporal, hasta construir cárceles en tierra firme que garantizasen estas características.
Inicialmente, esta cárcel había sido proyectada en la vecina provincia amazónica de Pastaza, pero posteriormente el Gobierno cambió de idea y optó por ubicarla en Archidona.
La otra cárcel de máxima seguridad promovida por Noboa ya está en obras en la costera provincia de Santa Elena, aislada en torno a un bosque seco, donde una comunidad cercana ha presentado una acción de protección a la Justicia para que paralice la construcción.
