Familiares de detenidos en el contexto del régimen de excepción en El Salvador pidieron nuevamente este martes 28 de marzo la liberación de sus parientes, arrestados «arbitrariamente e inocentes», y que se les permita acceder a las cárceles donde se encuentran recluidos para verles.
Con carteles en mano, las personas, en su mayoría mujeres, se concentraron en la rotonda José Martí, en San Salvador, para luego dirigirse a la Asamblea Legislativa, donde un grupo de agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) les cortaron el paso con una barricada.
«Vivos se los llevaron, vivos los queremos», «Libertad, libertad, libertad», «Bukele, escucha, el pueblo está en la lucha» y «no defendemos a delincuentes», eran las frases que las personas gritaban a una sola voz.
María del Carmen Reyes viajó desde Usulután, a más de 130 kilómetros de la capital salvadoreña, para participar y solicitar la liberación de su hijo de 38 años, quien fue capturado en junio de 2022 en su casa de habitación, según contó la mujer.
«Yo pido la libertad de mi hijo porque es lo único que tengo y es el que me sostiene (económicamente)», dijo Reyes, quien señaló que no sabe si su hijo «está vivo o muerto, porque desde junio no lo he podido ver».
A la petición de libertad de esta mujer se suma la de José Zuniga, residente en el central departamento de Cuscatlán y cuyo hijo de 19 años fue arrestado en abril del año pasado.
«Él no tiene nada que ver (con pandillas), no tienen que estar detenido (…) es una injusticia lo que está haciendo el señor presidente (Nayib Bukele)», manifestó el hombre.
También pidieron que se indemnice a las familias de las detenidos que han fallecido bajo custodia de agentes del Estado y que se libere a las personas que ya enfrentaron una audiencia y les fueron dictadas medidas sustitutivas a la detención.
El Salvador cumplió el lunes un año con un régimen de excepción que establece la suspensión de garantías constitucionales, como la defensa de los detenidos y las inviolabilidad de las telecomunicaciones, con más de 66.417 detenciones.
El Gobierno de Nayib Bukele atribuye al régimen de excepción y al Plan Control Territorial la disminución de homicidios, que al cierre de 2022 fue de 496 muertes.
En un año de la medida de excepción, organizaciones no gubernamentales han recibido un total de 4.723 casos de denuncias de violaciones de derechos humanos, que afectan a 5.082 personas.
Además, la cifra de detenidos que han fallecido en custodia estatal en el contexto del régimen de excepción se elevó a 111, de acuerdo a un informe de dichas organizaciones.
