El presidente Guillermo Lasso presentó ante la Corte Constitucional (CC) un escrito en el que cuestiona y se defiende de la solicitud de juicio político de la Asamblea Nacional y pide la inadmisión del mismo.
El documento de 91 páginas fue ingresado al organismo constitucional la tarde del 25 de marzo de 2023 por la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Ahí se critican aspectos de fondo y forma del proceso mientras estuvo en manos de los legisladores.
Por ejemplo, dice que en realidad la solicitud cuenta con las firmas de apoyo de 51 asambleístas titulares, en tanto que las ocho restantes pertenecen a legisladores alternos y suplentes que no tienen la facultad de suscribir este tipo de pedidos.
También, hace notar que la compleción “extemporánea” del documento dispuesta por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) llegó solo con las firmas de los cuatro interpelantes y no de todos lo que apoyaron el pedido.
“La Solicitud fue modificada a través de un pedido extemporáneo de corrección. La Solicitud fue aprobada fuera del plazo legal vulnerando el numeral 3 del artículo 78 de la Constitución”, señala el escrito.
Dice que todo este panorama deja en evidencia que el CAL no actúa de forma imparcial; que se ha confundido el procedimiento de juicio político al presidente con el que se aplica a otras autoridades, lo que ha limitado la posibilidad de defensa del mandatario.
Además, cuestiona el origen y la forma de obtención de los audios difundidos con posibles actos de corrupción y hace notar que hasta el momento no se ha determinado si fueron obtenidos siguiendo el debido proceso.
El documento señala que en varios pasajes de la solicitud de juicio político dejan en evidencia que lo que en realidad los legisladores están es evaluando y reprobando la gestión de Lasso, lo cual no es su competencia dentro de un juicio político y que de lograr su cometido se estaría constituyendo un “golpe parlamentario”.
Dice que en la singularización de la prueba en ningún momento se logra establecer un nexo causal entre la conducta acusada y el presidente de la República con los delitos de concusión y cohecho.
Sobre la designación de Hernán Luque como gerente de la Empresas Públicas, señala que tenía la obligación de cumplir la Ley que dirige a estas. Sobre la supuesta concusión en la designación de gerentes de Petroecuador, señala que es “inadmisible” señalar que los actos de corrupción de estos funcionarios es responsabilidad del presidente, “porque la responsabilidad penal siempre es personal”.
Este es uno de los tantos documentos, escritos y autos que se han producido desde que la jueza Teresa Nuques salió sorteada para sustentar este caso, el viernes 24 de marzo.
Uno de los que llamó la atención fue el pedido que hizo Nuques, el sábado 25 de marzo, para que la Asamblea Nacional envíe el expediente completo de la solicitud de juicio político, incluyendo, pedidos, resoluciones y votaciones, especialmente la del 20 de marzo cuando con cinco votos se aprobó el pedido que luego fue reconsiderado y enviado a completar.
En otro escrito, el área jurídica y la secretaría de la Función Legislativa indica que se ha cumplido con la disposición de la jueza de enviar la documentación completa.
