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El Pleno de la Asamblea aprobó con 143 votos a favor el archivo del proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales (LOPDA).
La asambleísta proponente, Camila León, explicó las razones principales de esta decisión, la primera es que no cumplía con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional y presentaba una regresión en materia de derechos relacionados con el cuidado y la protección animal.
El pasado 6 de junio de 2025, los gremios del agro ecuatoriano hicieron un llamado a la Asamblea Nacional por el proyecto de Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Animales, porque consideran que el contenido debe ser técnico, responsable y equilibrado, respetando la realidad productiva del país.
Su argumento era que el contenido del documento carece de criterios científicos y del bienestar animal productivo, y «podría exponer al país a una crisis de seguridad jurídica y social».
¿Cuál es la historia de esta polémica ley?
Lo primero que hay que tener en cuenta es que este proyecto de ley fue una propuesta de la Defensoría del Pueblo, que cumplió con una sentencia de la Corte Constitucional (CC). Este último organismo ordenó al primero elaborar el documento luego de conocer el caso de la mona Estrellita.
La mona era de la especie chorongo. Había vivido por 18 años con una mujer en Ambato que se autopercibía como su «madre y cuidadora». La mujer incluso «había desarrollado sentimientos maternales que eran recibidos con reciprocidad» por parte del animal.
En septiembre de 2018, el Ministerio del Ambiente recibió una denuncia que alertaba de «la presencia de vida silvestre» dentro de la vivienda de la ciudadana. Un año después la mona fue decomisada, aunque su dueña se opuso. El animal fue trasladado a un centro de conservación de fauna silvestre en Baños de Agua Santa.
La mona, considerada en peligro por las autoridades ambientales ecuatorianas, era agresiva y estaba enferma. Tenía bajo peso, había perdido pelo y tenía hongos. Finalmente, murió en enero de 2020 en el refugio.
El Ministerio del Ambiente abrió un proceso administrativo en contra de la dueña del animal. Ella fue multada con USD 3 940. Sin embargo, la mujer presentó el caso ante la justicia y solicitó un habeas corpus en contra del Ministerio del Ambiente, el propietario del centro de conservación donde fue trasladada la mona y la Procuraduría General del Estado (PGE).
