La responsabilidad política y jurídica se entrelazan en el caso El Gran Padrino que fue investigado por la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional y que involucra abiertamente al presidente de la República, Guillermo Lasso; su cuñado Danilo Carrera, familiares, amigos, conocidos y funcionarios del Gobierno.
Es en este punto cuando el Pleno de la Asamblea Nacional se presta a ejecutar abiertamente su rol fiscalizador con el juicio político a Lasso por presuntas irregularidades cometidas durante su administración.
Según la Comisión Ocasional hubo el cometimiento de irregularidades contra la administración pública y estructura del Estado, por lo que se solicitó a la Fiscalía y a la Contraloría que en el ámbito de sus competencias inicien las investigaciones correspondientes.
Los legisladores tomaron como una prueba lo expresado por el exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, quien advirtió que informó a Lasso de los actos de corrupción cometidos en distintas empresas públicas, pero el mandatario lo habría pasado por alto para no afectar su imagen.