La designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) fue posible gracias a la actuación de dos mayorías políticas distintas dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que coincidieron en momentos diferentes, pero con el mismo resultado.

En julio de 2024, la denominada “liga azul” del correísmo respaldó su nombramiento inicial. Posteriormente, en septiembre de 2025, el oficialismo, con Andrés Fantoni a la cabeza, impulsó su ratificación por un período de seis años al frente del organismo judicial.

Impugnaciones ignoradas

El último proceso de selección estuvo rodeado de cuestionamientos, ya que se obviaron 17 impugnaciones presentadas contra los candidatos, la mayoría dirigidas contra Godoy. Durante esa etapa, el entonces postulante Juan Carlos Benalcázar advirtió que, de concretarse la elección de Godoy, el Consejo de la Judicatura “terminaría en caos”, una advertencia que, según sus críticos, se ha materializado.

“No es la primera vez que defiende su grupo, su bufete, sus allegados cercanos a narcotraficantes”, se señaló en medio de los cuestionamientos públicos al proceso.

Críticas desde el CPCCS y la Asamblea

El exconsejero del CPCCS, Gonzalo Albán, cuestionó la falta de control político sobre la designación y apuntó directamente a la Asamblea Nacional.

“Me llamó la atención que la Asamblea Nacional, que pudo haber conocido eso porque eran declaraciones públicas, no se preocupó por iniciar un proceso de fiscalización a esta designación”, afirmó.

Benalcázar, durante la exposición de los planes de trabajo, aseguró que un funcionario del propio Consejo de la Judicatura le anticipó que la decisión ya estaba tomada, versión que ahora ratifica.

“Me lo dijo el director de Asesoría Jurídica, quien además a las personas que han presentado demandas en contra del Consejo de Participación, por este tipo de malas actuaciones, les ha amenazado con juicios de injurias. Está beneficiando al crimen organizado”, sostuvo.

Vínculos cuestionados

En la misma línea se pronunció Milton Castillo, uno de los impugnantes del proceso, quien recordó que Mario Godoy fue abogado de los hermanos Juan Pablo y Eduardo Larrea, procesados por narcotráfico.

Según Castillo, la presidenta de la Comisión Técnica, cercana al sector de Fantoni, defendió esa actuación señalando que “no se podía criminalizar el ejercicio de la profesión”.

Expectativa en la Corte Constitucional

Tanto Benalcázar como Castillo coinciden en que el remezón que atraviesa la Judicatura podría encontrar una salida cuando la Corte Constitucional se pronuncie sobre el incumplimiento en el proceso de designación de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura.

La causa ya fue sorteada y quedó en manos de la jueza Claudia Salgado, cuyo fallo podría marcar un punto de quiebre en la actual crisis institucional del sistema judicial ecuatoriano.