El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aceptó este martes 23 de diciembre de 2025 la renuncia irrevocable de Henry Gaibor como director provincial de la Judicatura de Pichincha, decisión que se tomó tras una solicitud expresa de las autoridades del organismo.
A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el CJ informó además que se iniciará un sumario disciplinario en contra del exfuncionario, en el marco de las investigaciones por su presunto accionar irregular.
Gaibor presentó su renuncia el lunes 22 de diciembre, señalando que su decisión respondía al interés de “preservar la institucionalidad y permitir que los procesos se desarrollen con absoluta normalidad y objetividad”. En su pronunciamiento aseguró que su gestión se rigió por los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad pública.
Audios comprometedores
La salida de Gaibor se produjo luego de que cuatro vocales del Consejo de la Judicatura solicitaran su renuncia, tras la divulgación de audios en los que se lo escucha sugiriendo al juez anticorrupción Carlos Serrano que preste mayor atención a los argumentos de la defensa de un narcotraficante serbio, Jezdimir Srdan.
En los registros también se evidencia la intención de mantener reuniones para ampliar el tema, lo que generó cuestionamientos por una posible injerencia en decisiones judiciales.
Hasta el momento, Gaibor no ha ofrecido explicaciones públicas sobre las acusaciones en su contra.
Vínculos y reacciones
Henry Gaibor es cercano al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, a quien se lo considera su mano derecha. Godoy solicitó licencia temporal para preparar su defensa ante la Asamblea Nacional, donde enfrenta un posible juicio político, y ha sostenido que las denuncias forman parte de una persecución política.
Por su parte, el juez Carlos Serrano abandonó su cargo luego de denunciar presiones, amenazas y el retiro de su esquema de seguridad, hechos que actualmente son materia de investigación.
El caso ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y la necesidad de transparentar el funcionamiento interno de la Judicatura, en un contexto marcado por la lucha contra el crimen organizado.
