El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) informó que en el marco de una auditoría a los contratos de Segura EP, la empresa municipal encargada de seguridad en Guayaquil, se detectaron irregularidades y alertas que motivaron la suspensión de un proceso de contratación por casi USD 17 millones y una investigación más amplia de la documentación vinculada a estos procedimientos de seguridad.
El secretario de Integridad Pública y director general del Sercop, José Julio Neira, explicó en una entrevista que las inspecciones se realizaron con base en la Ley de Contratación Pública, que faculta a la entidad a verificar in situ que los contratos de entidades públicas cumplan con los requisitos legales y técnicos.
Principales hallazgos
Entre las irregularidades detectadas, Neira destacó que:
Armas previstas para uso de guardias no estaban registradas en el organismo competente de control de armas.
Empleados del servicio de seguridad no estaban afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ni cumplían con requisitos laborales exigidos por el Ministerio de Trabajo.
Se identificaron faltas a los requerimientos técnicos del contrato, pese a que este ya fue adjudicado.
Medidas adoptadas
Ante estos hallazgos, el Sercop suspendió el contrato cuestionado y en semanas recientes se ejecutó una intervención en las oficinas de Segura EP para continuar con el análisis técnico y legal. La Fiscalía General del Estado también abrió una investigación previa por un posible acceso indebido a información reservada, aunque Segura EP ha negado esas acusaciones.
Neira negó que estas acciones correspondan a motivos políticos y aseguró que los controles se aplican a contratos públicos en todo el país para asegurar transparencia y evitar que se adjudique dinero estatal a compañías que no cumplen con los requisitos legales.
Contexto del conflicto
Las observaciones del Sercop se dan en medio de una disputa entre el organismo de control y el municipio de Guayaquil por varios procesos contractuales vinculados a la seguridad ciudadana. El tema ha generado tensiones políticas, en parte porque el alcalde de la ciudad está involucrado en investigaciones penales por otros casos y algunos sectores han interpretado las auditorías como presión política, algo que las autoridades del Sercop han rechazado.
