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Las autoridades iraníes dieron su primer balance oficial de muertos por las protestas que han sacudido al país persa desde finales de diciembre, reportando 3 117 fallecidos. El anuncio fue realizado por la Fundación de Veteranos y Mártires de Irán, organismo estatal responsable de registrar a las víctimas de violencia política y social.
Según ese balance oficial, 2 427 de las víctimas corresponden a civiles y efectivos de seguridad. El resto de los fallecidos —aproximadamente 690 personas— fueron descritas por autoridades como “terroristas y agitadores que atacaron bases militares”, sin ofrecer detalles independientes sobre esa categorización.
El Gobierno iraní atribuye las muertes y la violencia a “incidentes terroristas y agentes desestabilizadores”, señalando a supuestos grupos infiltrados respaldados desde el exterior, sin mencionar el papel de las fuerzas de seguridad en la represión.
Discrepancias en las cifras y respuesta de organizaciones independientes
Organizaciones no gubernamentales y grupos de derechos humanos con sede fuera de Irán han cuestionado de manera intensa las cifras oficiales, señalando que la verdad sobre la magnitud de las víctimas es considerablemente mayor.
• Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo (Noruega), ubica el número de fallecidos en 3 428, ya por encima del recuento oficial.
• La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con base en Estados Unidos, ha indicado hasta 4 519 muertes, además de mantener más de 9 000 casos bajo revisión.
• Otros medios internacionales que han cubierto el conflicto citan estimaciones de organizaciones basadas en redes dentro del país que sugieren cifras aún más elevadas.
Estos grupos sostienen que las fuerzas de seguridad han empleado fuerza letal indiscriminada contra manifestantes desarmados y personas ajenas a las protestas, y que muchas muertes no han sido contabilizadas de manera pública por las autoridades.
Contexto de las protestas
Las protestas iniciaron a fines de diciembre de 2025 en Teherán y otras ciudades importantes contra la grave crisis económica, incluida la caída del valor de la moneda nacional —el rial— y el aumento de los costos de vida.
Rápidamente, las manifestaciones escalaron en demandas más amplias contra el régimen, con llamados al fin del liderazgo clerical y mayores libertades políticas. La respuesta del Estado ha sido marcada por una represión severa, acompañada de un corte casi total del acceso a internet global desde el 8 de enero, limitando la comunicación y la difusión de información independiente dentro del país.
