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La organización internacional Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación por la aprobación de las leyes orgánicas de Solidaridad y de Inteligencia, al considerar que ambas representan una amenaza directa a los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos.
En un comunicado de prensa difundido esta semana, el organismo alertó sobre el riesgo de que estas normas socaven libertades fundamentales bajo el pretexto de combatir el crimen organizado.
Según HRW, la Ley Orgánica de Solidaridad —aprobada el pasado 7 de junio— otorga al presidente Daniel Noboa amplias facultades para declarar y enfrentar un conflicto armado interno. Esta norma permitiría a las fuerzas de seguridad emplear fuerza letal en situaciones que, en condiciones normales, estarían prohibidas por el derecho internacional. La organización advierte que este marco legal abre la puerta a posibles violaciones de derechos humanos, al reducir el control civil y las salvaguardias jurídicas en el uso de la fuerza.
En su análisis, HRW señala que la nueva legislación busca brindar a las autoridades mayor libertad de acción frente a la delincuencia, pero lo hace a costa de eliminar protecciones esenciales. «Tendrá consecuencias profundas para los ecuatorianos», advirtió el organismo, que remarcó que el combate al crimen no debe justificarse con la erosión de los derechos básicos.
En cuanto a la Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada el 10 de junio, la organización alertó que contiene disposiciones que podrían violar derechos como la protección de datos personales, la intimidad personal y familiar, así como la inviolabilidad de las comunicaciones. HRW indicó que la norma podría interferir con la vida privada de los ciudadanos y habilitar prácticas de vigilancia que contravienen los principios establecidos en la Constitución ecuatoriana.
El comunicado también advierte que esta ley podría tener un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión y comprometer la confidencialidad de profesiones como el periodismo, la medicina y la abogacía.
HRW expresó su preocupación de que las nuevas disposiciones legales exijan a estos profesionales revelar información sensible, lo que pondría en peligro no solo su trabajo, sino también los derechos de quienes acuden a ellos en busca de protección o asesoría.
