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Desde este lunes 2 de febrero de 2026, todas las actividades tanto de minería metálica como no metálica en la provincia amazónica de Napo quedaron suspendidas de manera indefinida, mediante una resolución emitida por la ministra Inés Manzano. La decisión forma parte de las acciones del Ejecutivo para enfrentar la expansión de la minería ilegal y los daños ambientales asociados en la región.
La resolución ministerial establece que el cese de operaciones mineras continuará hasta que se realicen evaluaciones de monitoreo, revisión documental y restauración ambiental, especialmente en las cuencas afectadas, como el río Napo y sus afluentes, los cuales han registrado evidencias de contaminación por actividades extractivas no reguladas.
Razones de la medida
Las autoridades señalaron que la provincia de Napo —una de las zonas más golpeadas por la minería ilegal en Ecuador— ha experimentado un incremento de operaciones extractivas sin control, lo que ha resultado en impactos ambientales significativos, incluyendo daños a ecosistemas y potencial contaminación de fuentes hídricas. Estas condiciones motivaron a la cartera de Energía y Ambiente a tomar la medida extrema de paralizar todas las operaciones, tanto formales como informales, hasta que se puedan verificar condiciones de legalidad y sostenibilidad.
Acción coordinada de autoridades
La puesta en marcha de esta suspensión implicará la participación de varias entidades del Estado, entre ellas:
La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), encargada de supervisar el cumplimiento de la paralización.
Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para garantizar el control territorial y evitar actividades ilegales.
El Viceministerio del Agua, con funciones de protección hídrica en las cuencas afectadas.
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, que será convocado para atender de manera integral la crisis ambiental y social derivada de la minería.
Alcance y consecuencias
La suspensión cubre todas las concesiones y operaciones mineras en la provincia de Napo sin excepción, y se mantendrá hasta que se confirme que:
Los documentos mineros estén en orden y cumplan la normativa ambiental vigente.
Se logre reparación ambiental y restauración de ecosistemas, particularmente de los cuerpos de agua afectados.
El Ejecutivo ha subrayado que esta acción busca no solo detener la actividad extractiva irregular sino también establecer mecanismos de control que impidan la reaparición de prácticas contaminantes o ilegales en la región.
Plantas de beneficio en Portovelo
Además de Napo, la ministra Manzano suspendió las operaciones de unas 80 plantas de beneficio minero en el cantón Portovelo (provincia de El Oro), tras detecciones de contaminantes como el cianuro por encima de los límites permisibles en ríos cercanos a las instalaciones de procesamiento.
