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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) tiene en la mira a más de 240 concesiones de mediana y gran minería que tenían comprometidas inversiones por más de $ 4.800 millones, pero que hasta el momento no se han efectuado.
La supervisión a esas concesiones es una de las razones en las que el Gobierno basó su decisión de implementar una tasa de fiscalización a las mineras, con lo cual se pretende recaudar aproximadamente $ 100 millones en 2025 y $ 200 millones el próximo año, afirmó Javier Subía, viceministro de Minas.
Los recursos que se obtengan se destinarán a fortalecer las condiciones de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), con el fin de mejorar el control y combatir la extracción ilegal de minerales.
La tasa se calculará con base en un porcentaje del salario básico por cada hectárea de concesión. Existen diferentes porcentajes dependiendo del tipo de régimen minero. El cobro se iniciará en julio.
Respecto de las 240 concesiones que presentan presuntas anomalías, Subía aclaró que fueron otorgadas antes de que el catastro minero cerrara en el año 2018 y que son territorios que se mantienen sin ser explorados, lo cual daría cabida a la presencia de ilegales.
“Son producto de las negociaciones de las rondas mineras, de las peticiones y todo aquello que se dio en forma totalmente normal. Aquellos que ganaron (las concesiones) tienen estos territorios directamente sin ser explorados, no han pasado a la etapa de exploración avanzada, no hay perforaciones y nosotros no tenemos forma de controlarlo. Y muchos de esos territorios, luego la siguiente etapa es que los ilegales entran”, dijo el viceministro en entrevista con este Diario.
Las millonarias inversiones previstas debían haberse ejecutado en el transcurso de los últimos ocho años. “Actualmente, todas estas concesiones de mediana y gran minería deberían estar a punto, uno o dos años más, de pasar a la siguiente fase, que es la de evaluación económica”, señaló.
Subía indicó que se analizará caso por caso, por lo que se necesita que técnicos de la Arcom se trasladen a esos sitios. Advirtió que el incumplimiento de las inversiones comprometidas es causal para que las concesiones sean revertidas.
Las concesiones que regresen a manos del Estado podrán ser sacadas nuevamente al mercado mediante una subasta internacional. El viceministro aclaró que estos procesos serán paralelos a la apertura del catastro minero que alista el Gobierno.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, existen un total de 5.007 concesiones mineras distribuidas de la siguiente manera:
- Gran minería: 305
- Pequeña minería: 1.613
- Régimen general: 231
- Mediana minería: 128
- Minería artesanal: 2.730
La aplicación de la tasa de fiscalización ha sido objeto de críticas por parte de la Cámara de Minería del Ecuador (CME).
El gremio está de acuerdo en que se requiere mejorar el control, sin embargo, alerta que el esquema de porcentajes dispuesto por la Arcom sería perjudicial para las algunas empresas que se encuentran en fase de exploración, ya que el monto que se pagaría por la tasa podría superar los presupuestos anuales de operaciones de las compañías.
La Cámara espera que se instalen mesas técnicas de diálogo para abordar la situación.
El viceministro de Minas confirmó que habrá diálogos, pero ratificó que no habrá cambios en la decisión del Ejecutivo.
La vocera oficial del Gobierno, Carolina Jaramillo, dijo el lunes 9 de junio que “no hay un descontento generalizado por parte del sector minero”, sino que ha habido apertura por el tema del catastro y la tasa.
